Raúl López Gómez/Cosmovisión

Empresario en la impunidad y bajo la lupa

En tiempos de la 4T se comienzan a dar pasos importantes para erradicar de la administración pública, los malos manejos de recursos públicos y fortalecer la legalidad y transparencia en contra de la impunidad que viene del pasado.

Por eso, el caso de Manfred Mauricio Quintanilla Hernández, quien estaría prófugo de la justicia con cinco órdenes de aprehensión vigentes, evidencia una red de complicidades que se extiende más allá del ámbito judicial y alcanza a dependencias clave, como el Servicio Postal Mexicano (Correos) de Violeta Abreu, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) de José Mario Esparza y hasta la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Emilia Calleja.

Va la historia: el año pasado, el periodista Mario Maldonado informó en una de sus columnas que el Servicio Postal Mexicano (Correos) benefició con contratos millonarios a empresas ligadas a Manfred Mauricio Quintanilla. Según lo referido por el periodista, TUM Transportistas Mexicanos y TUM Logística, ambas de Quintanilla, recibieron contratos por más de 2,700 millones de pesos para operar las rutas postales hasta 2027, en procesos licitatorios cuestionados por posibles violaciones legales.

Además se dijo, que Quintanilla ha estado involucrado en irregularidades con su empresa EVM Energy, que suministró energía a organismos públicos como Sacmex mediante contratos triangulados con CFE Calificados. (Proveedor de servicios de suministro eléctrico)

Corresponde a la autoridad determinar, si hubo o no irregularidades en la asignación de estos contratos. No obstante, de comprobarse, el empresario deberá responder también por esos hechos.

Fuentes cercanas al caso consultadas, señalan que las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de Bertha María Alcalde Luján, podrían ampliarse hacia personas del entorno cercano de Quintanilla Hernández, ya que se presume que habrían colaborado en la comisión de los delitos que motivaron las órdenes de aprehensión en su contra, o bien, se habrían beneficiado económicamente de las actividades fraudulentas encabezadas por dicho personaje.

Tal es el caso de Abelardo Marrufo Gallardo, quien presuntamente se desempeñaba como abogado personal de Quintanilla Hernández.

Fuentes internas, entre 2020 y 2024, revelan que Abelardo Marrufo habría facturado más de 1.2 millones de pesos simulando servicios inexistentes, utilizando como intermediaria a la abogada Claudia Guadalupe Gómez Díaz. A ello se suma una supuesta factura emitida en 2023 por poco más de 156 mil pesos a EVM Administración, empresa propiedad de Quintanilla, también sin la prestación de servicio alguno.

Todos estos hechos, no solo habrían causado un daño a la Hacienda Pública, sino que también representan un perjuicio directo al fisco.

Lo importante y trascendente es que México en tiempos de la presidenta Claudia Sheinbaum, va por el camino correcto y con mano firme, además que también en las instancias estatales comienzan a coadyuvar a poner orden en contra de quienes le meten la mano al cajón y ahora con el imperio del derecho, se les derrumban los negocios chuecos. Andale. Así las cosas.