Raymundo Jiménez/Al pie de la letra

* DENISSE URIBE: OPACIDAD

Desde el sábado 5 de este mes, en una acción coordinada para fortalecer la rendición de cuentas en el proceso electoral del próximo 1º de junio del Poder Judicial, los Comités de Participación Ciudadana (CPC) de los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción lanzaron una iniciativa para que los candidatos a cargos de ministros, jueces y magistrados presentaran su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, conocida como “3 de 3”.

El grupo de trabajo conformado por estos organismos y la organización civil Transparencia Mexicana anunció en esa fecha que, en una primera etapa, invitarían a los 38 aspirantes al Tribunal de Disciplina Judicial –nuevo órgano anticorrupción del Poder Judicial– a presentar y publicar sus declaraciones. El objetivo, según puntualizaron, es que la ciudadanía cuente con información verificable sobre el patrimonio, intereses y cumplimiento fiscal de quienes buscan ocupar estos puestos.

En un comunicado conjunto, los CPC señalaron que el proceso electoral judicial del próximo 1º de junio es uno de los más complejos y relevantes en la historia democrática del país. Por ello, remarcaron que es fundamental que las y los electores tengan acceso a información clara y veraz, y no sólo propaganda.

Dos días después, el lunes 7 de abril, dieron a conocer los formatos de las declaraciones 3 de 3 para su adopción por parte de las candidaturas.

La 3 de 3, impulsada desde 2015 por la sociedad civil, se convirtió en obligación legal para servidores públicos en 2016 gracias al respaldo de más de 634 mil ciudadanas y ciudadanos. Sin embargo, aún no es requisito obligatorio para candidatos a cargos de elección, situación que precisamente esta iniciativa busca cambiar en la práctica, ya que el acceso a esta información permite a la ciudadanía conocer mejor a quienes aspiran a impartir justicia. “No es sólo un ejercicio de transparencia, es una garantía de integridad en quienes deben proteger los derechos de la población frente a los abusos del poder”, concluyeron los integrantes del grupo de trabajo.

Hace cuatro días, el Comité de Participación Ciudadana del SNA confirmó a los diarios La Jornada y Milenio que hasta el momento no habían recibido respuesta favorable de ninguna de las 38 candidaturas que disputarán los cinco lugares en el Tribunal de Disciplina Judicial, pese a la convocatoria pública que desde hace dos semanas se hizo junto con el apoyo de la organización Transparencia Mexicana.

Ante la falta de respuesta, a finales de la semana pasada la presidenta del SNA, Vania Pérez Morales, envió un correo directo a cada uno de los candidatos para reiterarles la invitación de que transparenten esta petición, pero nadie ha respondido. Una de las aspirantes que ha evadido responder es la magistrada veracruzana Denisse Uribe Obregón, quien ha generado suspicacias precisamente porque ha desplegado una costosa campaña por todo el país y medios de comunicación que obviamente implica gastos de boletos de avión, hospedaje, comidas y traslado vehicular, entre otros. Ayer, por ejemplo, difundió la primera parte de una entrevista que le hizo el famoso periodista Alejandro Cacho para el canal de televisión de El Heraldo de México. Ahí presumió que cuenta con “estudios doctorales en derecho público y en anticorrupción en sistema de justicia”, reconoció que no solicitó licencia para separarse del cargo, sino que es “magistrada en funciones” del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz y que paradójicamente se ha dedicado “en los últimos tres años a investigar el fenómeno de la corrupción”, pero “particularmente en el Poder Judicial de la Federación”.

Inclusive, para posicionar su imagen personal y nombre, tramposamente mandó a imprimir e instalar en Xalapa anuncios espectaculares “invitando” a leer “18 páginas de su libro al día”.

Ello, obviamente, ha motivado que quienes la conocen desde su militancia en el PRI, ahora se pregunten si será verdad que Uribe Obregón, quien el sexenio pasado terminó traicionando a su ex protector, el ex senador y actual diputado local priista Héctor Yunes Landa, ahora es impulsada por el ex gobernador Cuitláhuac García Jiménez y su primo Eleazar Guerrero Pérez, el diputado federal plurinominal de Morena y líder de la asociación política “Unidos Todos” que salió inmensa e inexplicablemente rico de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Sefiplan.

Y es que otros aspirantes a ministros, magistrados y jueces federales se quejan de las restricciones establecidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) que les limita hacer campaña sólo con recursos propios, utilizando redes sociales, medios de comunicación y propaganda en papel biodegradable, situación que les dificulta la promoción de sus propuestas, ya que al no poder hacer actos públicos masivos ni tener recursos económicos suficientes para recorrer colonias y en algunos casos entidades, ven limitadas las posibilidades de darse a conocer.

Por ejemplo, Dora Alicia Martínez Valero, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró a la reportera Lilian Hernández Osorio, de La Jornada, que la promoción ha tenido muchas limitantes; el proceso es bastante restrictivo, dijo, y eso limita hacer una campaña para que más se interesen en el tema. “Hace falta que los candidatos expliquen mejor en qué consiste la elección y por qué es importante los ciudadanos participen, pues por primera vez tienen la posibilidad de elegir a quienes imparten justicia”, añadió la abogada litigante y consultora que es directora general de Asuntos Electorales de Grupo Televisa.

Por su parte, Mónica Arcelia Güicho González, también candidata a ministra de la Corte, cuyo último cargo fue el de magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, manifestó igualmente al diario capitalino que estas tres semanas de campaña han sido intensas, y “hacerlas con recursos propios representa una limitante, pero lo que más restringe nuestras posibilidades de difusión es no poder contratar espacios en medios y pautar en redes sociales”.

Esta combinación, apuntó la egresada de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, los lleva a ser más creativos y a confiar en el poder del contacto directo; sin embargo, dijo también que abre la reflexión sobre la necesidad de construir condiciones más equitativas para quienes, desde la independencia y sin estructuras partidistas, buscan participar en la vida pública del país.