Raymundo Jiménez/Al pie de la letra

* VERACRUZ, SIN REVOCACIÓN DE MANDATO

En un video que subió a sus redes sociales, el académico de la Universidad Veracruzana (UV) y aspirante independiente a la alcaldía de Xalapa, Eduardo de la Torre, informó que este lunes 3 de febrero presentó ante el Tribunal Electoral de Veracruz un Juicio para la Protección de los Derechos Electorales del Ciudadano por la “Omisión Legislativa absoluta” de la anterior Legislatura local que lideró Juan Javier Gómez Cazarín, actual delegado estatal de la Secretaría de Bienestar, cuyos diputados estaban obligados a “armonizar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local en la Constitución Política de Veracruz, conforme al artículo sexto transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y revocación de mandato, publicado el 20 de diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación”.

De la Torre Jaramillo, quien fue diputado federal del PAN y dirigente estatal del desaparecido Partido de Centro Democrático (PCD), fundado por el extinto jefe del gobierno capitalino Manuel Camacho Solís y su discípulo Marcelo Ebrard, recriminó que “el señor Gómez Cazarín, en cinco años, no pudo hacer esta reforma”, a pesar de que “tuvo más de cinco mil millones de pesos en esos seis años a su cargo y nunca nos rindió cuentas a ningún veracruzano”.

En efecto, el actual delegado federal lideró las dos Legislaturas locales en el sexenio del exgobernador Cuitláhuac García.

“Este personaje, el señor Gómez Cazarín, es el responsable y debe pagar por esta omisión legislativa absoluta”, acusó De la Torre, quien explicó que como ciudadano tomó la decisión de impugnar porque tampoco lo hicieron los legisladores del PRI, PAN y MC, a los que acusó de ser “comparsas del partido en el poder”.

“Tuvieron cinco años también ellos, tuvieron diputados locales, y ninguno hizo nada.

“Esta es tarea ya de un ciudadano responsable para sujetar una reforma constitucional de revocación de mandato al gobernador o gobernadora en turno en Veracruz. Yo espero que el Tribunal Electoral de Veracruz, que también es morenista, no le quiera dar la vuelta a esto. No hay posibilidad de que el actual Congreso no legisle sobre esta omisión legislativa absoluta, que se traduce en un desacato a la Constitución por el anterior presidente de la Junta de Coordinación Política, el señor Gómez Cazarín”, finalizó el abogado y académico de la UV. 

¿Retomará el diputado Esteban Bautista, líder del grupo legislativo de Morena y presidente de la Jucopo de la LXVII Legislatura local esta asignatura pendiente que le dejó Gómez Cazarín? Seguramente lo consultará con la gobernadora Rocío Nahle, quien al menos no enfrenta la complicada situación del mandatario sinaloense Rubén Rocha Moya.

En Sinaloa, “la modificación constitucional estatal se aprobó en enero de 2024 y no puede tener aplicación retroactiva; además, el 31 de enero pasado feneció el plazo para solicitarlo: el inicio del proceso de revocación de mandato podrá solicitarse, por una sola ocasión, durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional de quien ostente la titularidad del Poder Ejecutivo estatal por votación popular (https://goo.su/AMxcy); Rocha Moya cumplió tres años en el poder el 1º de noviembre pasado”, aclaró ayer el columnista Julio Hernández, de La Jornada.

FISCAL DE EU VA CON TODO

CONTRA CÁRTELES MEXICANOS

Todos aquellos optimistas y aplaudidores que todavía siguen festinando la “gran negociación” de la presidenta Claudia Sheinbaum con su par norteamericano Donald Trump –el cual concedió la semana anterior al gobierno de México un mes de pausa en la imposición de aranceles del 25 por ciento, a cambio de contener la migración y combatir a los grupos criminales que producen y trasiegan principalmente el fentanilo, la droga más potente–, debieran tomar nota de lo hecho y dicho ayer por la nueva Fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, quien ordenó al Departamento de Justicia adoptar la “eliminación total” de los cárteles del narco como principal prioridad incluyendo el agilizar procesos contra sus líderes por cargos como terrorismo y aquellos que contemplen la pena de muerte.

En uno de 14 memorandos firmados por ella luego de tomar posesión del cargo, Bondi detalló lo que considera como un cambio fundamental en el combate a grupos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para eliminar a dichas organizaciones del territorio de EU.

“Esta política pública requiere un cambio fundamental de mentalidad y enfoque. Debemos hacer más que tratar de mitigar los enormes daños que estos grupos causan en EU. No basta con detener la oleada de venenos mortales, como el fentanilo, que estos grupos distribuyen en nuestro país”, dice el memorando.

“En cambio, debemos aprovechar los recursos del Departamento de Justicia y empoderar a los fiscales federales de todo el país para que trabajen urgentemente con el Departamento de Seguridad Interna y otras partes del Gobierno hacia el objetivo de eliminar estas amenazas a la soberanía de EU”.

De acuerdo con el memorando, los fiscales y empleados de las distintas agencias dentro del Departamento de Justicia deberán trabajar más de cerca con el Departamento de Seguridad Interna, incluyendo por faltas de migración, pero enfocándose en personajes que fungen como líderes y gerentes de los cárteles.

“Para los líderes y gerentes de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales, se incluirán los delitos más graves y fácilmente demostrables según la política general de imputación del Departamento, típicamente delitos capitales, cargos por terrorismo, por extorsión y de empresa criminal continua”, dice.

Aunque la presidenta Sheinbaum ha reiterado que “no ayuda” acusar a los narcotraficantes mexicanos de “terrorismo” –como ya lo han hecho los gobiernos de EU y Canadá, el otro socio comercial de México–, actualmente, el Departamento de Estado está analizando la orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre cuáles de los cárteles del narcotráfico mexicano deben ser designados Organizaciones Terroristas Extranjeras. En los próximos días, dicha dependencia deberá hacer una recomendación al mandatario, según publicó anoche en su edición digital el diario Reforma.

El diario capitalino señala que, en un giro relevante, el memorando firmado por la Fiscal estadounidense ordena también que la unidad del Departamento de Justicia encargada de investigar los casos de corrupción en el extranjero, deben dar prioridad a aquellos en los que exista una conexión con delitos por drogas o de conexión con los cárteles de la droga.

Por si fuera poco, el mes de gracia que le concedió Trump al gobierno mexicano para pausar los aranceles sólo ha generado incertidumbre. Y es que ayer, por ejemplo, ante el escenario incierto marcado por las amenazas arancelarias del mandatario estadunidense, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió disminuir en 50 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 9.50%, con efectos a partir de este viernes 7 de febrero.