Teresa Gil/Libros de ayer y hoy
Esta semana fue aprobada la Ley de Ingresos y Derechos que estará vigente durante 2025 y que será el instrumento jurídico con el que contará el gobierno federal para recaudar fondos que le permitan costear el gasto de todo el próximo año.
El gobierno federal ha calculado que sus ingresos serán de poco más de 8 billones de pesos durante 2025, de los cuales cuando menos 5.4 billones provendrán directamente del cobro de impuestos como el IVA, ISR o IEPS a los mexicanos. Sin embargo, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos que aún falta por aprobar, calculan un gasto total superior a los 9.3 billones de pesos.
Por lo que para alcanzar dicha meta, la mayoría de legisladores morenistas que conforman tanto la Cámara de Diputados como el Senado han autorizado al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum solicitar nuevos préstamos por valor de hasta 1.5 billones de pesos, cifra similar a la deuda solicitada por López Obrador en su último año de gobierno.
No dejaremos de insistir en que, a pesar de los discursos adormecedores del ex presidente López Obrador, durante su sexenio la deuda pública creció a un ritmo acelerado, en tan solo 5 años pasó de 10.4 billones de pesos a más de 16.7 billones, lo que representa 48.6% de toda la riqueza nacional producida en México durante un año, o sea del Producto Interno Bruto.
Ahora, en el primer año del gobierno de Sheinbaum el endeudamiento crecerá hasta alcanzar los 18 billones de pesos. Es importante resaltar que en el PPEF 2025 el gobierno federal propone destinar hasta 1.4 billones de pesos para el pago de intereses de la deuda, ¡o sea que pedirán prestado para pagar otras deudas!
El incremento de la deuda pública es un síntoma inequívoco de la carencia de ingresos suficientes para el gobierno, pues aunque por la vía impositiva se propone recabar más de 5 billones de pesos, esto apenas representa el 22% del PIB, una proporción muy baja comparada con otros países en desarrollo o desarrollados, incluso en América Latina.
Por ejemplo, el promedio de recaudación de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es del 37.3% y en América Latina países con economías similares a la nuestra como Brasil y Argentina recaudan mucho más, 40% en el primer caso y 33.3% en el segundo.
El costo de la inmensa deuda pública se cargará, como todas las veces, sobre las espaldas de los mexicanos de clase trabajadora a quienes, a pesar de no haber una reforma fiscal en forma, se les cobrarán más impuestos en 2025.
Según los ajustes a la llamada Miscelanéa Fiscal, el próximo año aumentará el porcentaje del ISR, IVA y el IEPS. El primero es un impuesto que grave el salario y los ingresos de los trabajadores formales y de las empresas; los otros dos son impuestos al consumo que van integrados en el precio de los productos y que uno paga muchas veces sin enterarse.
El SAT justifica la medida señalando que los aumentos, estimados entre un 3 y 5 por ciento, se harán como parte de un ajuste en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente se calcula en $108.57. Por esta razón, un aumento a esta tasa de medida traerá como consecuencia inmediata el aumento en estos impuestos, así como en las sanciones y multas, como las de tránsito, la tenencia vehícular y el pago de predial, pues todas estas se calculan en UMAS.
Y el endeudamiento seguirá ahorcando el presupuesto y obligando al gobierno a destinar millonarias sumas para pagar intereses, lo que conlleva que existan menos recursos para invertir en las obras públicas y servicios básicos que tanta falta hacen en los pueblos y las colonias populares. Como dato: se pagará más dinero en intereses que lo que el gobierno repartirá entre los estados y municipios que equivale a 1.3 billones del presupuesto federal.
Nuevamente queda claro el contraste entre las promesas de campaña y los verdaderos hechos y acciones de gobierno. Los mexicanos deben informarse para no caer en el engaño.