Andi Uriel Hernández Sánchez/Contrastes

El último round de la Corte

Este martes 5 de noviembre, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compuesta por 11 ministros, discutirá la que podría ser su última movida para echar abajo la reforma al Poder Judicial impulsada por los morenistas.

Se trata del proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que propone invalidar varios artículos de la reforma constitucional y mantener en pie sólo una parte. En los hechos, sería la primera vez que la Corte se permite poner en tela de juicio la constitucionalidad de una parte misma de la Constitución.

A diferencia de la mayoría de los 3 mil amparos promovidos por ciudadanos de todo el país para frenar la reforma, alegando violaciones al proceso legislativo, el proyecto de González Alcántara se permite analizar el fondo, la sustancia misma de la reforma porque considera que atenta contra el principio republicano de división de poderes establecido en México desde la Constitución de 1857.

Hasta el momento 8 ministros de la Corte, incluyendo a la ministra presidenta Norma Piña, han presentado formalmente sus renuncias al supremo tribunal constitucional y han declinado su pretensión de participar en la elección por voto popular que se realizará en junio de 2025, por no estar de acuerdo con ella y, por ello, es previsible que voten a favor de invalidar parte de la reforma, tal como lo propone el ministro Juan Luis González.

En resumen, el proyecto de sentencia pretende reconocer legalmente la existencia de la reforma, es decir, declarar que cumplió con todos los requisitos procesales para llevarse a cabo, con lo que echaría por tierra todas las suspensiones provisionales que por tal motivo se han dictado en diversos juicios de amparo en las últimas semanas. Inteligente movida.

Asimismo, González Alcántara propone dejar en pie la elección por voto popular y directo de los ministros de la Suprema Corte, de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y de los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina, pues considera que por ser cargos de mayor alcance nacional es conveniente que la ciudadanía conozca a quienes los ocupan.

Como una jugada política bien pensada para mitigar el golpeteo de la presidenta y sus hordas chairas, el ministro Juan Luis González propone aplicar todas las políticas de austeridad del gobierno para todos los integrantes del Poder Judicial y prohibir que los actuales ministros se postulen como candidatos en junio de 2025.

Sin embargo, el proyecto también propone invalidar todos los artículos que se refieren a la elección de jueces de distrito de todas las ramas, así como la elección de magistrados de tribunales colegiados, salas regionales del tribunal electoral y de los tribunales especializados de todo el país. Porque esto implica atentar contra la autonomía del Poder Judicial de la Federación al permitir la intromisión de agentes externos como los partidos políticos nacionales.

Además, el proyecto considera que eliminar la carrera judicial de jueces y magistrados sería sumamente perjudicial para los ciudadanos, porque eliminaría la posibilidad de que dichos cargos queden en manos de los juzgadores más competentes y que mejores resultados hayan dado.

Asimismo, elegir a jueces y magistrados por voto popular sería sumamente costoso para el erario. Según el INE se requerirán cerca de 8 mil millones de pesos adicionales para organizar esta elección, además de que por la premura de los tiempos es muy probable que para el día de la jornada existan lagunas legales o reglamentarias, porque al INE no le dé tiempo diseñarlas ni estudiar la eficacia de su aplicación. Esto hará la elección muy tortuosa.

El proyecto de sentencia, también propone limitar varias de las funciones del nuevo Tribunal de Disciplina y eliminar la cláusula que establece que sus resoluciones sean inatacables. Asimismo, establece que no se aplique automáticamente en las entidades federativas, porque esto violenta el pacto federal de soberanía e independencia de los estados de la República.

Por primera vez se discutirá la constitucionalidad de una reforma a la Constitución y lo que se decida tendrá un impacto telúrico en el futuro más cercano. Estamos ante un momento histórico.