Andi Uriel Hernández Sánchez/Contrastes

Sin dinero para nuevos programas sociales

Durante toda su campaña, Claudia Sheinbaum prometió poner en operación nuevos programas sociales, dos fueron los que más resaltó: pensión para todas las mujeres de 60 a 64 años y beca universal para todos los estudiantes de escuelas públicas.

Sin embargo, días antes de asumir el cargo se anunció que dichos programas no comenzarán a funcionar inmediatamente. La beca universal para estudiantes de nivel básico iniciará en 2025 y únicamente para jóvenes de secundaria y el apoyo para mujeres de 60 años, también empezará hasta el próximo año y solo para quienes tengan 63 y 64 años.

Estas decisiones son los primeros síntomas de la difícil situación económica que enfrenta el nuevo gobierno federal. Para 2025, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que todavía le tocó diseñar al presidente López Obrador, se pretende reducir el gasto público en 1.5 billones de pesos.

Esto es una consecuencia directa del dispendio en el gasto que realizó el gobierno anterior y del enorme endeudamiento público. López Obrador casi acabó con los ahorros del país, en 2019 el Fondo de Estabilización tenía 279 mil millones de pesos y en 2024 ya solo tiene 47 mil millones. Además, en 2018 la deuda pública era de 10.3 billones de pesos, ahora es de 18.9 billones, más del 50% del PIB.

Según los expertos en economía, solo hay dos maneras para que Sheinbaum cumpla con todos sus compromisos: o bien incrementando el cobro de impuestos para aumentar la recaudación o bien recortando dinero a otras áreas importantes, como pueden ser la salud pública o el recurso destinado al mantenimiento y construcción de infraestructura pública (carreteras, puentes, servicios urbanos, escuelas, etc.).

Hasta el momento, el gobierno ha optado por la opción de recortar dinero al gasto público, para redirigir millones de pesos al pago de nuevas pensiones y becas. A pesar de esto, la mayoría de analistas opinan que será casi imposible que los nuevos programas sociales realmente se universalicen, porque el dinero no alcanzará para tanto.

La única salida real es el cobro de impuestos a los sectores más ricos del país. Pero esto es un tema tabú. En julio pasado, Sheinbaum se comprometió con los industriales y banqueros a mantener la misma política fiscal y simplemente apostó por hacer más eficiente la recaudación.

Una reforma fiscal progresiva no es una medida populista ni algo que se le parezca. En el G-20, por ejemplo, el mayor grupo de naciones capitalistas en desarrollo, llevan años explorando la posibilidad de que los multimillonarios paguen impuestos equivalentes al 3% de toda su riqueza. Lo mismo se ha planteado en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en el que anualmente se reúne la élite económica, política e intelectual del mundo.

Incluso los ricos mexicanos consideran como una posibilidad seria una reforma fiscal en donde ellos paguen más impuestos. Algunos magnates como Carlos Slim (Grupo Carso), Armando Garza Sada (Grupo Alfa) y Eduardo Tricio (Lala) comentaron a inicios de la semana que “dan por descontado que, sin un cambio en el esquema de Gobierno, no podrán afrontar compromisos, especialmente el pago de pensiones, la deuda y la operación de Pemex”.

El único problema que ven es que la economía mexicana se está desacelerando peligrosamente. Para 2025 se estima un crecimiento del PIB de apenas 1.5%, por lo que temen que sus ganancias disminuyan.

Ya veremos con que nuevas maromas propagandistas nos salen, por ahora queda claro que los nuevos programas no se pondrán en marcha tal como se prometió y quizá nunca lo hagan, a menos claro que se siga recortando dinero a la salud, educación, servicios básicos y obras públicas. Lo que provocará, contradictoriamente, más pobreza, con todo y reparto de dinero. He aquí el gran contraste.