Teresa Gil/Libros de ayer y hoy
Con el predominio institucional en el poder ejecutivo y legislativo en el país y de 26 entidades federativas, el presidente AMLO, Morena y aliados se van a la aventura de la reforma al poder judicial en lo que significa un reto para su causa.
Desde diversos foros y opiniones el debate ha sido de contrastes y hasta los dos países socios del tratado comercial más importante en todo el mundo.
Pero, en la metáfora el político tabasqueño, osado y decidido a seguir en su lucha hasta el último día de su mandato presidencial, ha sostenido que la relación diplomática se encuentra en pausa por las injerencias externas a una decisión interna.
La controvertida reforma Judicial, tiene sus bemoles a juicio de los expertos en el tema jurídico, dicen es necesaria, pero la iniciativa requiere de algunas modificaciones y precisiones.
Se trata de fortalecer el marco del derecho en el país, y no de frenar al desarrollo de un poder garante en la defensa de la constitución general de la república y de la justicia como dogma a la vida en común.
Las reflexiones del espíritu sobre la reforma al poder judicial, tienen un fin de terminar con un modelo en la vida nacional que contrasta con la población en general y los que con el paso del tiempo en los noventa años de los gobiernos del pasado se les concedieron privilegios económicos que rebasan a lo creíble de la imaginación.
Pero, en la esencia la intención es que la postulación de jueces, magistrados y ministros se determinen mediante el voto popular como ha sucedido en los modelos democráticos de los propios países que ahora hasta critican la intención de la reforma.
A la fortaleza de cambio se le pretende dar un sentido de riesgo peligroso a la supremacía del poder político, cuando en la realidad la legalidad ha sido parte de la polarización en este país por un poder judicial de contrastes entre quienes tienen una carrera judicial ejemplar y otros han manchado y denigrado a la profesión por el riesgo de ejercer su trabajo.
Los avances de la reforma al poder judicial no han sido bien explicados y en su esencia se cree que es para mejorar y no para empeorar al régimen jurídico del país.
Por lo mismo, su aprobación no debe ser un tema de lucha política de las cúpulas del poder, sino la intención de dar cause a la legalidad y de mantener la autonomía de la división de poderes y no caer en el avasallamiento de los partidos políticos sobre la propia vida nacional, luego del hartazgo de la gente a los noventa años de los gobiernos del pasado.
El ejemplo de transformar al país ha sido bien visto por las mayorías, que ahora también son condenadas por las minorías rapaces que les aducen ignorancia en sus decisiones y preferencias, cuando en la realidad se trata de la venganza del pueblo mediante el poder del voto convertido en un gran platillo que se come frío.
Las decisiones del poder legislativo son en función de sus facultades que les confiere la propia ley y el ejercerlas es parte de su obligación para después la historia juzgue si han actuado para bien o para mal.
Y mientras los mediáticos tratan de confundir a la gente con el petate del muerto, la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle, se reunió este sábado con la gente de San Andrés Tuxtla, una tierra de progreso y de futuro para definir temas elementales de su programa de gobierno con un claro mensaje de cercanía y de la atención urgente a las problemáticas regionales con decisiones consensuadas.
Aquí, en tierras sanandrescanas, la alcaldesa María Elena Solana Calzada, ha contribuido a terminar con las ataduras de las malas prácticas del pasado, que se dirigían a beneficiar a los grupos de poder económico, a los que ha doblegado en una lucha histórica con el respaldo del pueblo. Andale. Así las cosas.