Raymundo Jiménez/Al pie de la letra

* PRESIONAN A DANTE

Bien decía don Fernando Gutiérrez Barrios, ex gobernador de Veracruz y ex secretario de Gobernación, que “cuando el pueblo dice que es de noche, aunque sea mediodía, hay que encender las farolas”.

La frase no era original del ex militar veracruzano que durante la hegemonía priista encabezó la temible Dirección Federal de Seguridad y luego se encargó durante 12 años de la seguridad nacional como subsecretario de Gobernación, sino que su autor fue Francisco Bulnes, un escritor, periodista y político mexicano que a principios del siglo XIX perteneció al llamado grupo de los Científicos y que, además de ser diputado y senador porfirista, fue colaborador del régimen espurio del dictador Victoriano Huerta.

Ahora, sin embargo, en los últimos días de la primera administración presidencial de Morena, luego de la apabullante victoria del partido guinda y sus aliados en las elecciones federales de junio pasado, los jefes políticos y sus operadores del movimiento de la 4T en el Congreso de la Unión están decididos a sacar a contrarreloj sus polémicas reformas, principalmente la judicial, pese al abierto y creciente rechazo no sólo de la disminuida oposición del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC), sino de jueces, magistrados, ministros y trabajadores del Poder Judicial de la Federación, así como de estudiantes universitarios de las facultades de derecho, organismos empresariales nacionales y extranjeros, y hasta de las embajadas de Estados Unidos y de Canadá, los socios que en junio de 1990, durante la presidencia del priista Carlos Salinas de Gortari, decidieron negociar el ingreso de México al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica que ellos habían emprendido y firmado dos años atrás.

Después de haber sido aprobado este miércoles el dictamen de la iniciativa de reforma al Poder Judicial por la Cámara de Diputados –en la que las sobrerrepresentadas bancadas de Morena, PT y PVEM tienen el 73% de las 500 curules–, ahora la presión de los oponentes se ha enfocado en la Cámara alta del Congreso de la Unión, donde al bloque de la 4T, luego de la cooptación de dos senadores que llegaron postulados por el casi extinto PRD, le falta solamente un escaño para alcanzar la llamada “mayoría calificada” que se requiere para aprobar cualquier reforma constitucional.

En el transcurso de esta semana se ha especulado sobre los posibles senadores de oposición que pudiera cooptar el obradorismo para asegurar el único voto que le falta. Como la mayoría descarta a los legisladores del PAN, entonces las sospechas se han enfocado en los del PRI y Movimiento Ciudadano (MC).

Pero este jueves, el Comité Ejecutivo Nacional del partido tricolor que preside el ex gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, acordó que senadoras y senadores priistas voten en bloque en la sesión legislativa del próximo martes 10 de septiembre, en la que se someterá a discusión el dictamen de la reforma al Poder Judicial.

“Alito” Moreno denunció públicamente que los legisladores de su partido han recibido desde amenazas hasta intentos de soborno por parte del oficialismo. Afirmó que no solamente les han ofrecido decenas de millones de pesos para que se cambien de bancada o se ausenten a la hora de la votación, sino que también recibieron presiones provenientes del INE y habrían sido intimidados de que las Fiscalías podrían perseguirlos a ellos y a sus familias.

Por su parte, el senador sonorense Manlio Fabio Beltrones –ex discípulo de Gutiérrez Barrios, de quien fue subsecretario de Gobernación de 1988 a 1991, en el sexenio salinista, y que no ha renunciado como militante del PRI aunque el dirigente Moreno Cárdenas lo excluyó de la bancada del partido tricolor– también eliminó suspicacias al publica ayer el siguiente mensaje en su cuenta de la red social X: “En los últimos días he recibido diversos mensajes en los que piden confirme mi postura respecto a la reforma al Poder Judicial, la cual no tiene el consenso que necesita una modificación de esa naturaleza. Como lo he mencionado en anteriores ocasiones y hoy que he releído la minuta que ha llegado al @senadomexicano, reafirmo mi convencimiento total de que ésta no es la reforma que México necesita. Siempre he sostenido que hay que fortalecer a las instituciones, no debilitarlas, por lo que reitero que, en su momento, asistiré a la sesión en donde se discuta y votaré en contra. Saludos”.

Ante la confirmación del voto priista en contra, las sospechas recayeron entonces en MC. Este jueves, en redes sociales, los oponentes a la reforma judicial de Morena señalaron al senador del partido naranja Francisco Daniel Barreda Pavón, quien desde el miércoles 4, día en que publicó un mensaje en su cuenta de X, no había dado respuesta a las peticiones para que manifestara su voto en contra, lo que motivó que ayer, en Xalapa, a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp los activistas convocaran para las 17:00 horas a manifestarse en el domicilio particular del dirigente nacional emecista Dante Delgado, en el fraccionamiento residencial de Las Ánimas.  

GOLPEA EU A NICOLÁS MADURO Y A

XIOMARA CASTRO; ¿SEGUIRÁ AMLO?

El lunes pasado, la cadena de televisión CNN difundió que Estados Unidos había confiscado en República Dominicana el avión presidencial del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, con base en las sanciones estadounidenses que pesan sobre el régimen bolivariano de ese país sudamericano. La aeronave, valuada en 13 millones de dólares, fue trasladada al estado de Florida.

Y, ayer, se dio a conocer un video grabado hace 11 años en el que se escucha a narcotraficantes, actualmente presos en Estados Unidos, ofreciéndole 13 millones de lempiras (más de 525 mil dólares) a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, lo que desató un escándalo que está tambaleando a la mandataria del país centroamericano, la cual, hace ocho días, había anunciado sorpresivamente la cancelación del tratado de extradición con Washington, por el cual han sido encarcelados capos del narcotráfico, al acusar de injerencia a la embajadora norteamericana en Tegucigalpa, Laura Dogu, en su política hacia Venezuela.

“La injerencia y el intervencionismo de Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su embajada y otros representantes, es intolerable, he ordenado al canciller @EnriqueReinaHN denunciar el tratado de extradición”, escribió en la red social X la presidenta Xiomara Castro.

El tratado es considerado herramienta clave para desmantelar el narcoestado que, según la justicia estadunidense, fue levantando en Honduras durante el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).

Medio centenar de hondureños han sido extraditados hacia Estados Unidos desde 2014 por tráfico de drogas en virtud de este tratado, entre ellos el propio ex presidente Hernández, quien fue condenado en junio en Nueva York a 45 años de prisión.

El gobierno de Xiomara Castro es firme aliado de Venezuela. Honduras fue uno de los pocos países latinoamericanos que felicitó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, por su polémica relección el 28 de julio pasado.

La mandataria izquierdista hondureña anunció su decisión de retirarse del tratado, luego de que la embajadora estadunidense expresó la preocupación de su país por una reunión que sostuvieron autoridades de Honduras con el ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López, sancionado por Estados Unidos.

“Fue sorprendente para mí ver al ministro de Defensa (de Honduras) y al jefe del Estado Mayor Conjunto sentado al lado de un narcotraficante en Venezuela”, declaró la embajadora Dogu a los periodistas en Tegucigalpa.

“Estados Unidos agrede, desconoce y viola impunemente los principios y prácticas del derecho internacional que promueven el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la paz universal. Basta”, reviró la presidenta Castro.

Según las agencias de noticias AFP y Xinhua, el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, sobrino del esposo de Castro, Manuel Zelaya, ex presidente derrocado en 2009, y el máximo jefe de los militares hondureños, general Roosevelt Hernández, se reunieron hace dos semanas con Padrino López en los Juegos Mundiales de Cadetes del Consejo Internacional de Deportes Militares en Venezuela.

“La denuncia del tratado causó preocupación en algunos sectores. Han de estar saltando (de alegría) los narcotraficantes porque ya no va a ser extraditados de Honduras”, afirmó la semana anterior el abogado hondureño Juan Carlos Barrientos a la estación HRN, de Tegucigalpa.

¿Trascenderá pronto también lo que estaría declarando a las autoridades de EU el capo del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo” Zambada, actualmente recluido en El Paso, Texas, tras ser “extraído” de Culiacán, Sinaloa, y entregado al FBI por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán?

Seguramente debe haber nerviosismo en Palacio Nacional, pues la semana pasada el presidente López Obrador también decidió “pausar” la relación con el embajador norteamericano Ken Salazar por su “injerencismo” en el tema de la reforma judicial.