Raúl López Gómez/Cosmovisión
Se lanzaron petardos contra la Secretaría de Gobernación de parte del grupo que acompañaba a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y hubo amenaza de violencia de parte de los grupos que plantean la desaparición de la matanza de toros en la llamada fiesta brava. La amenaza de violencia o su aplicación en cualquier Estado de derecho, es violación de la ley. Se entiende en muchos casos, la tardanza de la justicia o de la eliminación de un acto que agrede el derecho a la vida, pero dentro de los esquemas jurídicos hay normas y diferentes poderes y también puntos de vista. En el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, se ha hecho caso omiso de los culpables verdaderos del crimen, para cifrar toda la culpabilidad en el ejército por la sencilla razón de que al frente del mismo de acuerdo a la Constitución, está el actual presidente. Quien gobernaba en el 2014 cuando ocurrieron los hechos y cuya orden es la que cuenta, no es tocado para nada por los abogados del caso, porque en el fondo se expresa un problema político contra el presidente. Al menos en su exacerbación en contra se pronuncia uno de ellos.
SE CUMPLIRÁN DIEZ AÑOS DE LA DESAPARICIÓN Y NO HAY RASTRO
En un caso tan complicado como el de Ayotzinapa, la tardanza provoca malas decisiones en los agraviados. No solo en esta ocasión ha habido agresiones peligrosas como el lanzamiento de petardos contra la estructura oficial, que pudieron haber herido a alguien, en otras ocasiones ha habido revueltas y choques de parte de estudiantes de Normal. El actual gobierno ha hecho lo que debió de hacerse, pero el caso se ha obstaculizado sobre todo por los abogados de los padres, aliados a la OEA de Luis Almagro. Lo que llama la atención, es que el grupo de familias ya centraron su culpabilidad plena en el ejército, sin delimitar a los verdaderos culpables de ese ejército que tomaron parte. Varios de ellos los ha denunciado el gobierno y en ese ir y venir entre poderes, el Judicial, ha dejado libres a los verdaderos culpables. A los que se ha reaprehendido. O sea, los agraviados no se dirigen a ese poder, sino a la presidencia de la República. Han instalado incluso un plantón en el Zócalo.
LA DEFENSA DE LA VIDA DE LOS TOROS, PUEDE LLEVAR A EXTREMOS
Lo que es legítimo y en lo que miles de personas estamos de acuerdo como es la eliminación de la matanza de toros, puede llevar a extremos violentos tal como lo anunciaron hace unas semanas los grupos defensores de esa vida. La defensa de los toros, crimen absurdo y violento, tiene ahora a grupos organizados que se enfrentan a grupos empresariales que viven de la crianza de toros de pelea y en cuyas empresas se mueven centenares de trabajadores. Esa es la fuerza que se esgrime para mantener una llamada fiesta en la que participan grupos totalmente opuestos a su desaparición. La muerte de los animales no los conmueve. El problema es que ante el apoyo a los empresarios de parte del Poder Judicial, se ha exacerbado la situación y los defensores han anunciado que utilizarán la violencia para defender esas vidas. Una violencia contra otra violencia. Las autoridades de la CDMX, han planteado una encuesta que podrá decidir esa actividad. Pero mientras no sabemos la reacción de los luchadores por la vida de los toros. Pero ninguna violencia aunque se apoye en un buen fin, da buenos resultados.