Ruperto Vázquez Ovando/Opinión en línea
Van dos años del asesinato de Abel Murrieta, abogado que llevaba el caso de la masacre de nuestra familia; dos años sin encontrar responsables, ni detenidos; de hecho, la fiscal encargada del caso, Claudia Indira Contreras, acaba de renunciar, sin rendir cuentas sobre el estado que guardan las investigaciones.
Todo este clima de incertidumbre, sirvió para algo: desnudó la incapacidad o falta de voluntad de las autoridades, además de mostrarnos el gran peligro que hay en las elecciones, si eres una persona bien intencionada, que no conviene para los planes de los criminales, corres un grave riesgo al aspirar a un cargo de elección.
Sin embargo, los criminales que se atreven a postularse, caminan con total impunidad y cuando llegan al poder, su único compromiso es con la banda a la que pertenecen o la que te financió para poder ganar.
Cuando asesinan a un candidato, es una amenaza directa a la democracia, por lo que se convierte en otra muestra de la falta de capacidad del estado. Por la forma en que se suscitó el asesinato de Abel, muy posiblemente el crimen organizado haya estado involucrado, por lo que podría ser una muestra del nivel de influencia que tienen.
En el año 2021, año electoral, 39 candidatos fueron asesinados. En un país con el 98 por ciento de impunidad, no hay noticias de que se haya resuelto uno solo de estos casos. Este hecho nos habla de que el ambiente político es reflejo de lo que pasa en las calles; son los buenos los que deben tener miedo, y los de intereses oscuros caminan con toda tranquilidad y ocupan cargos públicos.
Este podría ser de los peligros más grandes que tenemos como país. Las autoridades emanadas del crimen organizado tienen policías municipales que son brazos armados y con nombramientos para delinquir, son quienes extorsionan, secuestran, se vuelven los más eficientes halcones y quienes permiten la libre operación de los grupos criminales.
En el caso más extremo, tememos a José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala, quien está preso por tener participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero. Hecho que cimbró a México y que hasta el día de hoy, la investigación no ha dado las respuestas que exige la sociedad.
También en el caso de la masacre de mi familia, se ha dado a conocer que participaron elementos de la policía municipal de municipios colindantes, lo cual no sería sorpresa, ya que es bien conocido por la gente, que operan bajo las órdenes de grupos criminales.
Cuando vimos esta realidad, decidimos presentar al Congreso una iniciativa de ley con la finalidad de blindar las elecciones, se contempla el establecimiento de filtros para evitar que el crimen se involucre en la definición de candidatos y existan protocolos de seguridad para que se proteja la vida de quienes aspiran a un cargo público, en las zonas identificadas como focos rojos.
Así que mientras la federación se pelea por una reforma electoral que cuida el dinero, nosotros queremos una reforma electoral para evitar que el crimen organizado siga cobrando vidas y ganando puestos. Queremos que ningún delincuente tenga la responsabilidad de ver por nuestra seguridad.
A la familia y amigos de nuestro amigo Abel, los abrazamos con cariño, fue un gran hombre y de nuestra parte, seguiremos exigiendo justicia.