Raymundo Jiménez/Al pie de la letra

* SSP Y FGE, TALONES DE AQUILES

La semana pasada, un juez federal ordenó la liberación del cineasta César Herrera, un costarricense avecindado en Coatepec que estuvo recluido ¡7 meses! en el penal de Papantla, acusado por la Fuerza Civil de pertenecer a una banda criminal y supuestamente detenido en flagrancia, sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) no pudo acreditar los hechos delictivos que le imputaba.

El caso de este centroamericano tuvo resonancia mediática porque es yerno de Andrés Cuevas Melo, un ex panista que el año pasado fue candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía coatepecana, elección que ganó el ex diputado local Raymundo Andrade, de Morena, apadrinado por el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, quien también reside en ese pueblo mágico conurbado a Xalapa, y al que le atribuyen el control de la fiscal Verónica Hernández Giadáns por haber sido la directora Jurídica de la Segob.

Según la información que circuló, el juez federal detectó diversas inconsistencias y anomalías al momento de la detención de Herrera y su posterior puesta a disposición ante un juez de control, lo que motivó que el caso se cayera y se le concediera la libertad.

El cineasta fue detenido en agosto de 2021 durante un operativo de la Fuerza Civil que allanó un condominio en Coatepec donde alguien denunció que se hallaba un grupo de presuntos delincuentes. Al revisar cada uno de los departamentos encontraron al cineasta, quien al parecer se les hizo sospechoso sólo por ser centroamericano.

Durante dos días estuvo en calidad de desaparecido, por lo que su esposa y familia política de Coatepec tuvieron que recurrir a la Comisión Estatal de Búsqueda, hasta que la Fiscalía informó sobre su detención.

Los abogados de Herrera señalaron que “el juez determinó que no había datos de prueba, es decir, no había material probatorio ni para acreditar los delitos que le estaban imputando a César, ni para acreditar su participación en ellos. De hecho, la resolución es tan contundente, o sea, la violación de los derechos humanos de César fue tan contundente, que el amparo fue de cumplimiento inmediato”.

Obviamente, luego de esta horrible experiencia de 215 días en prisión, este viernes 11 el cineasta tomó el primer avión de la Ciudad de México a Costa Rica acompañado de su hermano Pedro.

Después de él, en septiembre pasado, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a seis jóvenes en una plaza comercial situada frente a la Central de Autobuses de Xalapa. Los policías estatales los acusaron de ultrajes a la autoridad, asegurando que los habían agredido con cuchillos. La Fiscalía pidió al juez de control vincularlos a proceso, pese a que los videos del centro comercial probaban que no habían opuesto resistencia. Estuvieron tres meses recluidos en Pacho Viejo, hasta que a mediados de diciembre fueron liberados por un juez federal.

Ahora se les cayó el caso de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado y mano derecha del presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, preso desde hace tres meses acusado del homicidio de René Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera, ejecutado el 4 de junio del año pasado, dos días antes de las elecciones.

La semana anterior, por falta de pruebas, un juez federal determinó que el juez de control emita una nueva resolución en la que no se le vincule a proceso.

Como se ve, el problema no son los jueces federales como han señalado en Palacio de Gobierno, sino los abusos policiacos consentidos y la colusión de la Fiscalía y de algunos jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Eso son los verdaderos talones de Aquiles.