Raymundo Jiménez/Al pie de la letra

* AYUNTAMIENTOS ENDEUDADOS

En octubre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó en una de sus conferencias de prensa el espinoso tema de los proyectos de prestación de servicios (PPS), un tipo de asociación público-privada (APP) que según datos de la Secretaría de Hacienda actualmente tiene comprometidos 56 mil 655 millones de pesos de las participaciones federales de estados y municipios.

“Hay gobiernos que tienen que pagar las APP, que tienen que estar pagando de las participaciones. (…) Los hospitales, por ejemplo, el hospital de Ixtapaluca, el hospital de Zumpango, esos se deben de estar llevando 300, 400 millones (de pesos) al año”, dijo el mandatario hace cuatro meses.

Los datos más actualizados de la Secretaría de Hacienda muestran que de los proyectos en que hay un “saldo por pagar de la inversión” solo 15 fueron contratados directamente por los gobiernos estatales de Puebla, Tamaulipas, Durango, Ciudad de México, Estado de México, Yucatán, Nuevo León y Baja California. El resto fueron adquiridos por otras autoridades, como las judiciales y ayuntamientos que ataron sus finanzas hasta por 30 años a una firma privada.

Un caso grave es el de Veracruz, donde más extendida se encuentra la contratación de PPS, sobre todo entre municipios que adquirieron alumbrado y “aplicación de tecnologías en servicios públicos” bajo contratos de 12 a 25 años con la firma NL Technologies S.A. de C.V., de Nuevo León. Tan sólo en Chiconquiaco, un municipio cercano a Xalapa que según estadísticas oficiales tiene a 90 por ciento de su población en pobreza, el saldo por pagar (25 millones de pesos) es 314.87 por ciento superior al monto de inversión (6 millones de pesos).

¿Alguien recuerda cómo se dio este atraco a los ayuntamientos? La maniobra inició a finales de 2017, cuando casualmente el diputado local por Pánuco, Rodrigo García Escalante, que en 2016 había obtenido la curul por el PVEM y terminó sumándose a la bancada mayoritaria del PAN, fue promovido por el coordinador del grupo legislativo del blanquiazul y líder del Congreso del estado, Sergio Hernández, como presidente de la Comisión de Hacienda Municipal en sustitución del legislador priista de Perote, Carlos Antonio Morales Guevara.

Coincidentemente correspondió al hijo del ex contralor alemanista y duartista Ricardo García Guzmán impulsar las concesiones del alumbrado público que en la LXIV Legislatura pretendieron aprobar fast-track en diciembre de 2017 a las primeras 14 administraciones municipales salientes que sin licitación pública se pretendían asignar por 10, 12 y hasta 15 años a la firma regiomontana NL Technologies S.A. de C.V. –cuyo representante legal era Carlos Manuel Knight Crespo, sobrino del exdelegado de la SCT en Veracruz y luego representante de esa misma dependencia federal en el estado de Tamaulipas, William David Knight Bonifacio, suegro del entonces senador panista Roberto Gil Zuarth– y a otra sospechosa empresa “espejo” denominada A.C. Tecnology, S.A. de C.V., poniendo al descubierto el desaseo y el choque de intereses que motivó la renuncia de Cuauhtémoc Pola Estrada, ex diputado de Movimiento Ciudadano que se desempeñaba como secretario de Fiscalización del Congreso, el cual se negó a firmar las cédulas que conformaban los expedientes para la aprobación de los contratos entre los ayuntamientos y los concesionarios, siendo reemplazado casualmente por un excolaborador incondicional del padre de García Escalante. 

Tan solo en los casos de los municipios de Fortín, Pánuco, Atzacan, Cosamaloapan, Tuxpan, Cerro Azul, Citlaltépetl, Chontla, Altotonga, Chalma, Chiconquiaco, Espinal, Ozuluama e Ixhuacán de los Reyes, se comprometía desde finales de 2017 a las próximas tres y cuatro administraciones municipales siguientes a pagar en total más de mil millones de pesos a los concesionarios, cuya inversión la recuperarían en 120 o hasta 180 meses. 

En su momento se advirtió que la Comisión de Hacienda Municipal –que presidía García Escalante y de la que formaban parte también los diputados Yazmín Copete Zapot y el recién reelecto Bingen Rementería Molina, del PAN, hijo del actual senador Julen Rementería del Puerto, a la sazón secretario de Infraestructura y Obras Públicas del estado–estaba avalando dichos contratos pese a que presentaban varias inconsistencias y violaban flagrantemente diversas leyes, entre ellas la de Disciplina Financiera y la de Asociaciones Público-Privadas para el estado de Veracruz, ya que en algunos casos la aportación municipal rebasaba el 50% del costo total del proyecto, que es el máximo porcentaje permitido; no se convocó a concurso público para comparar las ofertas de otras empresas interesadas y elegir las tasas más bajas de interés, y tampoco se había encontrado información de estas empresas en el “padrón de contratistas” del llamado “Gobierno del cambio”.

Obviamente el sospechosismo acerca de los presuntos enjuagues de los diputados locales del PAN y PRD involucrados directamente en este turbio caso cundieron porque existían antecedentes en otras entidades donde la misma empresa regiomontana había ofrecido operar el alumbrado público bajo igual esquema de concesión. Inclusive, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador de Morelos y por esas fechas presidente municipal de Cuernavaca, declaró públicamente que a él le había ofrecido un diputado un soborno de 80 millones de pesos para que le entrara al “negocio”.

¿En Veracruz cuánto le habrán ofrecido al panuquense García Escalante, quien en diciembre de 2017 inclusive regañó públicamente desde la tribuna del Congreso del estado al alcalde saliente de Citlaltépetl, Jesús Isidro Baltazar, por haber solicitado mediante oficio “la cancelación de toda la documentación que soporte la solicitud del Registro Estatal del Contrato de Asociación Público-Privada en la modalidad de Concesión” que meses antes había celebrado el ayuntamiento que presidía con la empresa NL Technologies, S.A. de C.V.?

Pero el hijo del ex contralor alemanista y duartista Ricardo García Guzmán anda muy campante porque presuntamente goza de la protección política de poderosos funcionarios del régimen de la Cuarta Transformación (4T). Así, al menos, se le vio al ex diputado panista de Pánuco en diciembre anterior en la comparecencia del gobernador Cuitláhuac García ante la LXVI Legislatura del estado con motivo de su tercer informe de gobierno.

LA CLOACA DE NACHITAL

Por cierto, hablando de transas, montos inflados, moches, deudas y desvíos millonarios atribuidos a las pasadas administraciones municipales, uno de los tantos casos que más ha llamado la atención es el del ayuntamiento de Nanchital que hasta el 31 de diciembre de 2021 presidió la odontóloga Zoila Balderas Guzmán, quien gobernó desde enero de 2018 ese municipio sureño.

De entrada, la administración de la ex alcaldesa de la alianza PAN-PRD desapareció e intentó borrar huellas de todos sus trastupijes, ya que el nuevo gobierno municipal de Morena detectó falta de documentación relativa a contratos, convenios y laudos por negligencia jurídica, así como equipos de cómputo sin discos duros.

De acuerdo a información que ya circula en medios de comunicación digitales, las nuevas autoridades municipales encontraron irregularidades y, por ende, un severo daño patrimonial que ascendería a 42.5 millones de pesos.

Sobreprecios, obras con pagos excesivos –fuera de norma–, omisión de pagos al IMSS, CAEV, CFE y a otras instituciones, son parte de las irregularidades encontradas en la nueva administración municipal de la morenista Esmeralda Mora Zamudio, quien desde que asumió el poder había advertido que no se convertiría en “tapadera” de nadie, ni tenía por qué cargar con pecados ajenos, y está cumpliendo.

De acuerdo a un informe al que esta columna tuvo acceso, el gobierno municipal de Zoila Banderas dejó deudas a proveedores e instituciones, como el IMSS, por dos millones 140 mil pesos y 586 mil del año 2019, y aun cuando en caja y bancos quedó un remanente de un millón 200 mil pesos, el déficit es de un millón y medio de pesos.

Para ilustrar mejor al lector, acerca del comportamiento de quienes tomaron por asalto el ayuntamiento de Nanchital, es importante puntualizar que Balderas Guzmán convirtió la alcaldía en una empresa familiar en la que su sobrino Ramón Abascal fungía como el “mandamás”, de tal suerte que su adorada tía no tomaba decisiones, porque para eso colocó a su pariente en una oficina alterna.

El ejercicio presupuestal 2021 no fue tan distinto a los del 2018, 2019 y 2020, ya que de acuerdo a la documentación encontrada, la Tesorería Municipal pagó casi un millón 350 mil pesos por concepto de mantenimiento a unidades de limpia pública, las cuales al término del referido gobierno fueron desvalijadas e incluso, algunas, convertidas en chatarra.

Llamó la atención de los auditores el hallazgo de facturas con las mismas fechas, montos y conceptos por cientos de miles de pesos.

El arqueo fue de manera aleatoria y solamente lograron auditar el 20 por ciento del presupuesto ejercido en 2021; sin embargo, las “transas” descubiertas con pagos excesivos a los contratistas y precios inflados en la adquisición de insumos, son de antología.

Un ejemplo: en la construcción de cuartos dormitorios en distintos suburbios de la zona urbana se cuantificaron pagos excedidos por más de 700 mil pesos, pero en donde definitivamente no se midieron con sobreprecios fue en la ejecución de obras de infraestructura, en donde los auditores encontraron irregularidades en rubros como pavimentación, drenaje, alumbrado, domos y escuelas, por varios millones de pesos.

Una obra que generó jugosos dividendos fue el alumbrado público de la carretera Nanchital-Coatzacoalcos.

En plena ejecución, automovilistas y transportistas constataron que quienes realizaban el trabajo eran empleados del ayuntamiento. De acuerdo a los datos en nuestro poder, el pago excesivo fue de 500 mil pesos. ¿A qué bolsillo fue a parar este dinero?

Otro aspecto en el que ya trabajan los abogados y auditores es el de obras pagadas, que en documentos aparecen como concluidas, pero jamás fueron edificadas.

En tan sólo 20 obras, los sobreprecios y pagos excesivos, además de otras irregularidades que vulneraron todo marco legal, el presunto daño patrimonial es superior a los 42.5 millones de pesos, esto sin contar los laudos laborales que por negligencia o a propósito el ayuntamiento perdió porque simple y llanamente los abogados jamás asistieron a las audiencias.

La semana anterior trascendió que la ex alcaldesa Zoila Balderas, el ex síndico Fermín Ávalos Chao así como los ex titulares de Obras Públicas, Tesorería y Contraloría serán citados a comparecer ante el Cabildo que preside Esmeralda Mora Zamudio, de Morena.

Una vez que los ex funcionarios cumplan con este procedimiento, las autoridades municipales presentarán al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), que encabeza la auditora general Delia González Cobos, este “obeso” pliego de observaciones que de entrada constituyen un presunto daño patrimonial por 42.5 millones de pesos, monto sin precedente en la truculenta historia de alcaldes corruptos que ha padecido Nanchital.