Raúl López Gómez/Cosmovisión

Piden derogar delitos que afectan a la población

La propuesta del diputado Jaime de la Garza, de derogar el delito de Ultrajes a la Autoridad y contra las instituciones de Seguridad Pública, se ha visto con muy buenos ojos, pero sobre todo consensuada, sin ningún partidista o política, sino simple sentido común

Por eso es que se pide a los diputados de las diversas fracciones partidistas del Congreso del Estado, a sumarse a esta iniciativa para evitar arbitrariedades y abuso de poder para los veracruzanos y con ello resolver un problema, que se dice tiene en la cárcel a más de dos mil 400 personas por esa situación.

No

En la certeza jurídica, el diputado Jaime de la Garza, se atrevió a dar una excelente propuesta que dice, que no lleva mensajes, ni muchos menos destinarios a alguna intención de sentido político, sino algo simple la atención a las múltiples violaciones de Derechos Humanos que se han cometido en la entidad veracruzana que provocan cárcel en muchos de los casos por temas políticos o de situaciones simples y comunes, por las que muchos están padeciendo y sufriendo las consecuencias de esos delitos a los que se les ha llamado Ley Garrote, y con lo que se pretende dar solución a una grave problemática.

El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) por el Distrito XVI, Jaime de la Garza Martínez, presentó ayer ante el Congreso del Estado la iniciativa para Derogar el delito de Ultrajes a la Autoridad y el delito contra las instituciones de Seguridad Pública. 

Y en rueda de prensa,  Jaime de la Garza, en donde estuvo acompañado por los también diputados locales Verónica Pulido Herrera y Miguel Hermida Copado, dieron amplias explicaciones al problema y a la solución con la derogación de dichos delitos que han sido un problema para mucha gente.

La derogación del delito de ultrajes a la autoridad, contemplado en el artículo 331 y, además, la derogación del delito Contra las Instituciones de Seguridad Pública, previsto en el artículo 371 del Código Penal, que contempla una pena de 7 a 15 años de prisión, y que incluso es mayor a la de ultrajes a la autoridad.

En ese sentido, Jaime de la Garza, explicó que como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en casos similares, la redacción de los delitos mencionados es 

contraria al principio de certeza, que debe caracterizar a las normas jurídicas, especialmente en materia penal.

“Estos delitos, abarcan múltiples opciones sobre situaciones de realización incierta;

además, el término “amenazar” o “agredir” da lugar a interpretaciones confusas, ambiguas y vagas, lo que vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica”, sostuvo.

Al respecto, el diputado local del PAN, Jaime de la Garza, indicó que no están 

debidamente definidos cuáles actos o conductas (palabras, gestos o hechos) que causan un agravio, propio del ultraje, rebasan el umbral necesario para ser sancionados; además, ello impide que los destinatarios de la norma (cualquier persona) pueda saber con razonable precisión cuál es la conducta que en su interacción con la autoridad será sancionada penalmente, por considerarse un ultraje “La expresión -ejecutar actos violentos o agresivos- incluye un conjunto amplio de actos, sobre todo si la disposición en su letra no limita la conducta sólo al uso de la fuerza física”. 

Bajo este marco, el Poder Legislativo, es decir “nosotros los Diputados al definir un hecho delictivo, debemos procurar que estos sean claros y precisos, para que todas las personas conozcamos de manera muy simple cuáles son las conductas delictivas y cuáles no; las cuales no se pueden definir de manera fácil en los delitos que aquí se propone derogar, ya que éstos resultan ser confusos y ambiguos”.

Por ello, precisó que, con estos delitos, hay una sobrerregulación al hecho de amenazar, 

pues esa conducta ya se encuentra prevista en el artículo 173 del Código Penal veracruzano, siendo sancionable con prisión de seis meses a dos años y multa hasta de cuarenta días de salario.

Esas penalidades, se aplicarán a quien amenace a otro con causarle un mal futuro en su persona o derechos, o en la de otra con la que tenga algún vínculo. De modo que el bien jurídico tutelado por este delito está sancionado en tres normas distintas, configurando una sobrerregulación de un mismo hecho.

Jaime de la Garza, detallo que, la alta incidencia de denuncias por ultrajes a la autoridad contra la policía, refleja incapacidad, escaso entrenamiento y falta de equipamiento para desempeñar esa función puesto que, cualquier persona, con la sola manifestación de palabra de que les causará un daño, puede inhibirlos o causarles una afectación psicológica de temor, miedo o zozobra que les impediría continuar sus labores; de suerte que la sociedad veracruzana quedaría a merced de la delincuencia, pues quienes deberían protegerla su asustan con cualquier grito o palabra altisonante o con que les muestren una navaja o un arma de fuego.

De tal suerte dijo, si tenemos policías afectados emocionalmente por esas “amenazas”, deberían ser separados del cargo o asignados a actividades administrativa o de otra índole, ya que estarían incapacitados para realizar labores tácticas u operativas, pues la ciudadanía no podría esperar que el Estado los proteja y brinde seguridad con una policía traumada y temerosa de los delincuentes, agravando con ello la situación de inseguridad que vive Veracruz.

Sostuvo, que la acreditación de estos hechos delictivos ha resultado bastante cuestionable 

e inverosímil, constituyendo un ambiente de represión y violación a los Derechos Humanos de las personas, utilizando normas penales a todas luces inconstitucionales, como lo ha sostenido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Se espera que dicha propuesta sea sometida a votación en el pleno a fin de que se cierre por fin uno de los capítulos más delicados en materia de derechos humanos en los últimos años, y que la respuesta de mayoría ayude a solucionar una problemática, en donde los representantes populares demuestren que sirven a las causas generales, y no de grupo.

En otro tema, los consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, deben renunciar por violar la Constitución de la República, por estar ganando sueldos mayores que el Presidente; perder el rumbo como árbitros y convertirse en actores de oposición dedicándose a defender el dinero y sus privilegios expresó el veracruzano presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

En tribuna, el diputado minatitleco argumentó “presentamos hoy esta iniciativa que pretende reformar la Ley de Amparo y la Ley Reglamentaria de los Artículos que regulan las acciones y controversias constitucionales, para que no procedan las suspensiones, para que no se valgan de las suspensiones, violen la Constitución y ganen más que el Presidente de la República”.

La iniciativa propone adicionar una fracción XIV al artículo 129 de la Ley de Amparo, y un segundo párrafo al artículo 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para evitar la práctica de la suspensión en juicios de amparo y controversias constitucionales, con el fin de que servidores públicos ganen más que el presidente de la República.

Explicó que tanto el presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, como el consejero Ciro Murayama se han resistido a la Constitución de la República, han abusado de La Ley de Amparo y a través de suspensiones, abusando del derecho violan el mandato constitucional que prohíbe que cualquier servidor público gane más que el Presidente.

Las suspensiones que han obtenido Lorenzo Córdova y Ciro Murayama les han permitido continuar con estos salarios exorbitantes, con beneficios y privilegios de seguros de gastos médicos mayores, de separación, bonos y privilegios que ya están prohibidos.

El diputado Gutiérrez Luna destacó que ambos consejeros perdieron el rumbo. Así las cosas.