Sistema penal debe procurar que no se vuelva a delinquir: Raquel Bonilla

POZA RICA, Ver., 24 de marzo de 2021.- La diputada federal por Morena, Raquel Bonilla Herrera, promovió ante la Comisión de Justicia la iniciativa en materia de tratamiento psicológico como parte del proceso de atención integral a la población recluida, iniciativa que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó y que ahora será parte permanente de la atención en todos los reclusorios del país.

De tal manera, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con el consenso de 452 votos, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para garantizar atención psicológica a las personas recluidas.

Bonilla Herrera señaló que el sistema penitenciario debe funcionar como base social de las personas privadas de su libertad y procurar que no vuelvan a delinquir; el objetivo central de la política de seguridad debe ser evitar y reducir la violencia y delincuencia mediante la adopción de una cultura de paz y cohesión social.

La legisladora hizo votos ‘por una reinserción social integral y progresiva, que garantice una reducción de las tasas de reincidencia delictiva y permita a las personas privadas de su libertad desarrollarse en un ambiente de bienestar’.

Por ello, dijo, es vital incorporar la intervención psicológica permanente para toda persona privada de la libertad y con ello avanzar hacia la pacificación de México.

El documento, enviado al Senado para sus efectos constitucionales, precisa que toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica; para tal efecto, los centros penitenciarios deberán contar con las instalaciones adecuadas para prestar los tratamientos correspondientes.

Dentro de la atención médica se deberá considerar los servicios de psicológica o psiquiatría, los cuales se prestarán de manera permanente por personal certificado del Centro o, en su defecto, por personal externo a los centros penitenciarios que dependan del Sistema Nacional de Salud.

La autoridad penitenciaria diseñará y establecerá los protocolos correspondientes para garantizar las condiciones en las que se ha de llevar a cabo la intervención psicológica.