Poder Judicial de Veracruz, ejemplo en Registro de Peritos

XALAPA, Ver., 4 de febrero de 2021.- Con la presencia de la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, se realizó la entrega de certificados a Peritos emanados del proceso de 2020-2021.

En total, este año el Poder Judicial del Estado de Veracruz certificó a 349 Peritos, de los cuales 111 son de nuevo ingreso, destacó Humberto Vázquez Medina, Director de la Defensoría de Oficio y de Registro Estatal de Peritos.

Al respecto, Humberto Vázquez Medina destacó que se trata de un registro que a nivel estatal es punta de lanza en el País.

Explicó que estos órganos auxiliares completan toda aquella tarea del órgano jurisdiccional para la correcta impartición de justicia.

El servidor público subrayó que este registro permite a los justiciables tener la seguridad de que un perito externo, ajeno a su problemática, pueda emitir opinión técnica lo más ajustada a Derecho.

Dicha opinión externa al caso, sirve a los juzgadores para emitir las resoluciones que conforme a Derecho.

Esta cuarta generación de especialistas evidencia un gran crecimiento en el número de profesionales con un conocimiento científico para que emitan de manera docta un juicio que lleve a la correcta impartición de justicia.

Es importante resaltar que peritos especializados en señas, lenguas extranjeras y psicología que integran un padrón de suma importancia se sustentan en la capacitación y preparación académica.

A través del servicio profesional gratuito y profesionales inscritos en el Registro Estatal de Peritos se cuentan con 12 personas en lenguas indígenas del Chinantenco, Náhuatl de la huasteca, Náhuatl de la sierra de Zongolica, Popoluca y Totonaco.

Durante el 2020 se realizaron 57 actuaciones de traductores e intérpretes apoyando a diversos órganos jurisdiccionales.

Además, se asignaron en ese mismo año, 15 dictámenes gratuitos especializados en psicología de los cuales siete fueron remitidos a la Sala Constitucional y diversos juzgados familiares y penales en asuntos en donde estuvieran involucrados menores de edad o miembros de comunidades indígenas.