José Ureña/Teléfono rojo
Este lunes 13, a través de un comunicado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer que destituyó e inhabilitó por 10 años al gerente del Proyecto de Desarrollo Ayatsil Tekel y subdirector de Especialidad Técnica de Explotación de Pemex Exploración y Producción (PEP), Héctor Salvador Salgado Castro.
El subdirector de PEP fue sancionado no por ser uno de los servidores públicos relacionado con la «Estafa Maestra» –pues la SFP refirió que en 2013, junto con otros altos funcionarios de Pemex, Salgado Castro fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación como firmante de contratos con universidades públicas y empresas fantasmas usadas para este megafraude del sexenio anterior–, sino porque luego de las auditorías, investigaciones y procedimientos iniciados desde enero de 2019 se le acreditó que en sus declaraciones patrimoniales de 2014 y 2017 omitió declarar cuentas bancarias a nombre de dos dependientes económicos.
Obviamente que este caso ha vuelto a generarle fuertes críticas a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, por el doble rasero con que investigan a funcionarios federales señalados de corrupción.
Y es que a diferencia del subdirector de Pemex, la SFP acaba de investigar superficialmente y exonerar al titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, luego de que el periodista Carlos Loret exhibió que el político poblano sólo había declarado oficialmente un patrimonio de 51 millones de pesos e ingresos anuales por 11 millones de pesos, cuando su fortuna es 16 veces más grande, detallando que el director de la CFE ha obtenido 25 propiedades (23 casas y dos terrenos) por medio de familiares, empresas y presuntos prestanombres, con un valor aproximado de más de 800 millones de pesos.
Pero además, por su implicación en «la Estafa Maestra», la destitución e inhabilitación de Salgado Castro también hace voltear inevitablemente hacia Veracruz, donde desde febrero de 2019 el ex titular del Órgano Interno de Control de la SEDESOL y de la SEDATU, Miguel Ángel Vega García, viene despachando como director general de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado.
Vega García, inclusive, ha sido más privilegiado que Bartlett, ya que hasta ahora no ha sido molestado siquiera con el pétalo de una investigación, no obstante que en mayo del año pasado el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, consideró a la Estafa Maestra como una “maquinación de gran envergadura y de tantas coparticipaciones”, cuyo posible daño patrimonial a la Nación estimó en más de 5 mil 875 millones de pesos, y sobre la cual dijo que “no pudo ser producto de solo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros.”
Por su parte, el presidente López Obrador había dicho tajante, en una de sus conferencias de prensa, que “a quienes estén involucrados en esto de la ‘Estafa Maestra’ no tienen por qué trabajar en este gobierno.”
Aunque haya sido por otras causales, a Salgado Castro ya lo destituyeron e inhabilitaron. Y a Vega García, ¿hasta cuándo?.