Exdiputado panista Víctor Serralde sufre accidente
CHINAMECA, Ver., 11 de enero de 2020.- El alcalde de Chinameca agredió y privó de su libertad a personal de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente (PMA) acudió al municipio para atender una denuncia ciudadana que reportó el incendio del tiradero a cielo abierto.
Cabe resaltar que los elementos estatales actuaron siguiendo el protocolo ante un inminente riesgo de desequilibrio ecológico y con fundamento en los artículos 212 fracción III de la Ley 62 Estatal de Protección Ambiental, 76 de la Ley 847, 22 fracción II y 34 fracción V y IX del reglamento interior de la PMA.
El encargado de la oficina regional en la zona sur, Víctor Manuel Mijangos Ríos, junto con su personal, en el correcto ejercicio de sus funciones previstas en la legislación, reglamentos y normatividad en materia medioambiental, acudieron al llamado y pudieron constatar que el sitio que ha sido inspeccionado por lo menos en dos ocaciones previas, contando con llamas en alcance de 1 a 2 metros de altura.
Asimismo, se percataron que los residuos a cielo abierto se extendían hasta una barranca que limita el lugar, evidenciando un significativo incremento en el volumen de sus desechos, aunado a la falta de aplicación de las medidas precautorias dictadas por esa institución estatal en la última visita de inspección.
Se advirtió la existencia de riesgo inminente de daños al ambiente y/o los recursos naturales, con la finalidad de evitar daños irreversibles al equilibrio ecológico.
Ante el actuar inmediato de la PMA, el presidente municipal de Chinameca José Antonio Carmona Trolle, agredió y
amenazó al personal para que se retiraran o empezaría a incitar al pueblo.
Luego de intentar el diálogo y sin lograr que la razón favoreciera la seguridad de Chinameca por el incendio, el alcalde convocó a los ciudadanos argumentando que el Gobierno del Estado tomaba represalias en contra de su municipio.
A partir de las 15:50 horas del viernes y hasta la 01:30 horas de la madrugada del día sábado, el encargado de la oficina regional de la PMA permaneció privado de su libertad y fue sometido a violencia verbal, amenazas, empujones y acciones en contra de su voluntad.