Raymundo Jiménez /Al pie de la letra

* VAN POR EL TRIBUNAL  

A raíz del artero crimen del diputado local Juan Carlos Molina Palacios, se ha cuestionado que el gobierno de Cuitláhuac García carece de estrategia en materia de seguridad pública.  

Sin embargo, los dos principales funcionarios responsables de esta importante tarea gubernamental, afirman que sí la hay.

Este lunes, por ejemplo, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, y el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, lo presumieron en sus redes sociales.

El titular de la SEGOB escribió en su cuenta de Twitter: “Iniciamos la semana convocados por el gobernador @CuitlahuacGJ en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde se profundizó en el reforzamiento de la estrategia de seguridad con apoyo del Gobierno Federal para restablecer el orden social.”

Por su parte, Hugo Gutiérrez Maldonado, de la SSP, tuiteó: “Con el objetivo de generar trabajos coordinados que permitan combatir de manera eficiente el secuestro y la extorsión en Veracruz, este día mantuve reunión de trabajo con los encargados de la UECS y Policía Ministerial.” 

Y, en un segundo tuit, el jefe policiaco expuso: “Acordamos con la @FGE_Veracruz generar estrategias operativas y preventivas de manera conjunta a fin de garantizar la paz en Veracruz. Con una estrecha colaboración hacemos frente en el combate a estos actos delictivos.”

De hecho, ambos funcionarios ya no tienen excusa ni pretexto para comenzar a dar mejores resultados en materia de seguridad pública y procuración de justicia al pueblo veracruzano.

Sobre todo Cisneros Burgos, quien hoy por hoy es el más empoderado al tener pleno control de las fiscalías federal y estatal, pues a principios de año propuso para la Delegación de la FGR a su ex subordinado Gonzalo Medina Palacios, quien estaba a cargo del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública, y ahora, desde el 3 de septiembre pasado, tras la polémica destitución que hizo la Diputación Permanente de la LXV Legislatura local del fiscal yunista Jorge Winckler, promovió como encargada de la FGE a su directora Jurídica de la SEGOB, Verónica Hernández Giadáns, pese a que no tiene experiencia en materia de derecho penal. 

Y todo parece indicar que, el 5 de diciembre próximo, el secretario de Gobierno intentará también hacerse del control de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, luego de que el actual titular, el magistrado Edel Álvarez Peña, habría declinado reelegirse. 

Tras la reunión que el 30 de octubre sostuvieron los 13 nuevos magistrados con el gobernador, trascendió que la sucesora de Álvarez Peña podría ser una magistrada cercana al cuitlahuismo: Inés Romero de la Cruz, ex procuradora de la Defensa del Trabajo, o Bertha Inés Chávez Méndez, madre del secretario particular de Cisneros.  

La única posición tambaleante para don Eric, hasta ahora, sería la de Medina Palacios, pues ha trascendido que en enero de 2020 vendrá una fuerte sacudida en las delegaciones de la FGR para evitar precisamente, entre otros vicios, las complicidades con las Fiscalías y Procuradurías estatales por intereses locales. 

Y es que en las delegaciones de Fiscalía General de la República –antes PGR– se han detectado niveles de corrupción inimaginables, ya que se hacía todo, menos procurar justicia, pues cuando actuaba era bajo consigna para someter a adversarios políticos o favorecer a grupos y personajes que operaban fuera de la ley.

La instrucción presidencial es sacudir la Fiscalía para que la justicia sea una realidad en México, ya que en las auditorías que se entregaron al gobierno, fue la ex PGR la que más reprobada apareció en sus operaciones. 

Por ello, a partir de enero del 2020, o antes que acabe este año, empezarán a cambiar a todos los delegados, subdelegados, agentes del Ministerio Público federal y todo el personal de las áreas administrativas. Quieren darle una nueva imagen a la procuración de Justicia en México. “Si no tenemos una Fiscalía que aplique la ley, nuestra lucha contra la corrupción, no podrá prosperar”, les habría dicho el presidente López obrador. De ahí la orden de barrer todo lo que huela mal en la FGR.

Otra de las intenciones de cambiar personal y funcionarios en las delegaciones de la ex PGR es que estas colaboren en la integración de expedientes de investigación contra servidores públicos en los Estados, pues se dieron cuenta en las auditorías que los funcionarios federales estaban coludidos con las Fiscalías y Procuradurías Estatales. Salió a relucir que ambos obedecían a intereses locales, y que casi todos estaban ligados a grupos de la delincuencia organizada.

Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, ya bajó la instrucción para que la sacudida y los cambios empiecen a verse cuanto antes, y se ha puesto el plazo de 12 meses para que la procuración de justicia, a la vuelta del segundo año de gobierno, sea el mayor logro de la 4T. “Queremos una Fiscalía nueva donde se empiece a concebir el verdadero estado de derecho en México; si no hay fiscales honestos, no habrá transformación”, ha dicho.

La FGR se propone combatir la corrupción abatiendo la impunidad, pues de acuerdo con la estadística actual, de diez delitos federales que se cometen en México, apenas uno logra alcanzar justicia. Así, de acuerdo a las auditorías, no puede haber Cuarta Transformación en México.

Por eso, dicen, la limpia en todas las delegaciones de la ex PGR viene a rajatabla. Habrá que ver si el recomendado de Cisneros en Veracruz logra salir inmune.

INÉDITA BASIFICACIÓN MAGISTERIAL

Al hacer entrega de 10 mil 510 basificaciones a docentes y trabajadores administrativos de todos los niveles educativos del estado, el gobernador Cuitláhuac García señaló que con ello se compensa el gran desorden administrativo creado por muchas decisiones equivocadas, y la utilización de puestos para efectuar pagos a políticos. 

“Basta de corrupción en la educación; no más tráfico de plazas, de horas y premios políticos con estos cargos, se acabó”, afirmó el mandatario veracruzano.

García Jiménez reiteró que en seis años los problemas que hoy viven algunos docentes serán resueltos recomponiendo el camino. “Tengan la seguridad que a este gobierno lo distinguirá también la honestidad en materia laboral relacionada con la educación”, remarcó.

La Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Ariadna Selene Aguilar Amaya, informó que en total se entregan 7 mil 082 plazas docentes, correspondientes a 5 mil 634 maestros, y 3 mil 428 administrativas, correspondientes a 3 mil 408 empleados de la educación. Además de que se encuentran en proceso de basificarse otras5 mil 923 plazas estatales.

En este sentido, se gestionó la regularización de nombramientos, tanto federales como estatales, para dar certeza y seguridad laboral a más de 9 mil docentes, por lo que alrededor de 25 mil trabajadores serán basificados.

Por su parte, el titular de la SEV, Zenyazen Roberto Escobar García, afirmó que esta entrega de bases demuestra el compromiso del gobernador Cuitláhuac García con el magisterio y el sector educativo, al transparentar el manejo de las plazas y trámites de docentes, pues anteriormente eran extorsionados, evidentemente, por causa de la corrupción.