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Tavo Ruiz, precandito único a alcaldía de Alvarado por el PAN
VERACRUZ, Ver., 23 de julio de 2019.- La suspensión a la sentencia que logró Javier Duarte de Ochoa es muestra que existe un acuerdo entre el exmandatario y el gobierno en funciones, dijo la senadora Indira Rosales San Román.
“El exgobernador se sigue mofando de todos los veracruzanos, la suspensión de la sentencia del día de ayer me parece que desafortunadamente podría confirmar un pacto entre el exgobernador y la actual administración”.
La legisladora dijo que es preocupante que Duarte de Ochoa reciba beneficios de la justicia, cuando se tienen pruebas contundentes del desfalco y los delitos que cometió en contra del erario público.
Rosales San Román señaló que resulta sospechoso que al exgobernador se le conceda la facilidad de publicitarse ante la prensa nacional, ya que sólo se muestran los privilegios que ha logrado.
En otros temas, lamentó que hasta ahora no exista una estrategia clara sobre el desempeño que tendrá la Guardia Nacional, a pesar de que en el ámbito legislativo se dieron todas las facilidades al Presidente de la República para integrar dicha corporación.
“Nosotros en el senado de la República aprobamos la Guardia Nacional porque el presidente nos dijo que esa iba a ser la herramienta que él tendría en esta administración para combatir la delincuencia y la inseguridad, desafortunadamente se anunció que para el estado de Veracruz únicamente estaría en 12 municipios de 212 municipios, 4 mil elementos que van a ser insuficientes”.
Indicó que resultará insuficiente que dicho cuerpo de seguridad ingrese sólo a 12 de los 212 municipios de Veracruz, pues afirmó que la situación actual de violencia requiere de mayores esfuerzos.
Al mismo tiempo, criticó que no exista información clara sobre la estrategia de seguridad que se implementa en la actual administración estatal, pues afirmó que las estadísticas muestran que después de ocho meses de administración no existen resultados.
Por otra parte, aseveró que hasta ahora no ha sido llamada para declarar o comparecer ante ninguna autoridad por los señalamientos hechos en su contra por el presunto mal manejo de presupuesto cuando participó como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.