Ricardo Alemán/Itinerario político

CON AMLO NO SON 43, SON

MÁS DE 60 DESAPARECIDOS.

         De nueva cuenta asomo de tragedia por el secuestro y desaparición de personas a manos criminales.

         Ocurrió en el gobierno de Calderón, con la llamada masacre de San Fernando y ocurrió en la gestión de Peña Nieto, con el crimen de “los 43”. Y está de vuelta con la presunción de más de 60 secuestrados y desaparecidos en Tamaulipas, con López Obrador.

         En San Fernando, Tamaulipas, en abril de 2011 fueron masacrados por lo menos 193 indocumentados que habían sido secuestrados de autobuses, en su cruce a la frontera norte. En su momento el escándalo fue utilizado con fines políticos y mediáticos, para desacreditar al gobierno de Felipe Calderón.

En septiembre de 2014 la tragedia de 43 estudiantes de Ayotzinapa –secuestrados, asesinados e incinerados por el grupo criminal Guerreros Unidos–, fue parte importante del germen de odio y encono que sembró el “lopismo” contra el gobierno de Peña Nieto.

         Está claro que tanto el alcalde de Iguala, como el gobernador de Guerrero, eran militantes del PRD y que sus respectivas candidaturas fueron avaladas y apoyadas por el entonces jefe real del partido, López Obrador.

         Sin embargo –y a pesar de que nada involucraba al gobierno de Peña–, una campaña mediática bien armada por los promotores de AMLO –y una deficiente política de Comunicación Social de Los Pinos–, construyeron la percepción general de que la muerte “de los 43” fue “un crimen de Estado” y que el responsable había sido el presidente Peña Nieto.

         Ese espantajo recorrió el país de manera exitosa –por casi cuatro años–, y contribuyó al descrédito del gobierno de Peña al tiempo que encumbró la candidatura presidencial de AMLO.

         Hoy, de nuevo operan grupos criminales en San Fernando y volvieron el secuestro y la extorsión a migrantes y sus familias.

En ésta ocasión habrían desaparecido más de 60 personas, de las que nada se sabe y de quienes el gobierno de Obrador poco habla.

         Y es que a pesar de que existe abundante información periodística sobre un tema que pone en riesgo a 8 mil personas –que a diario transitar a bordo de autobuses por las carreteras de San Fernando, en Tamaulipas–, el presidente Obrador sólo se concretó a decir que no aparecen los presuntos secuestrados y que, por ello, es posible que hayan cruzado la frontera.

         Es decir, el presidente sólo especula generalidades y supuestos hechos, sin probar nada; parece creer que es cosa de buenos deseos.

No explicó, por ejemplo, el número total de desaparecidos, tampoco las fechas en que habrían sido secuestrados y menos identificó al grupo criminal que habría cometido el secuestrado; tampoco la razón del rapto y por qué los habrían dejado en libertad para que cruzaran la frontera, como si nada.

¿De verdad son creíbles las escuetas explicaciones presidenciales?

         Por eso se debe insistir en las preguntas  ¿Quién informa o mal informa al presidente? ¿Quién le oculta hechos tan delicados? ¿Por qué esconder la información? ¿Son incapaces de hacer bien su trabajo los secretarios y subsecretarios de Estado?

         Lo cierto es que tanto en redes como en la prensa de Tamaulipas se habían reportado por lo menos tres casos de secuestro de personas –que viajaban de Monterrey a la frontera de Reynosa, Tamaulipas, con Estados Unidos–, y que fueron bajadas de autobuses por hombres armados, al parecer del crimen organizado.

         Se trata de tres casos ocurridos el 19 y 20 de febrero, además del 7 de marzo. En el primero, habrían sido secuestradas 25 personas, seleccionadas por los secuestradores como indocumentados. En el segundo los criminales se habrían llevado a 17 personas y en el tercero a 22 viajeros de un camión secuestrado cerca de San Fernando. En total, 64 personas secuestradas.

         Autoridades de Tamaulipas que pidieron no revelar su identidad dijeron que se trata de una red de tráfico de personas en la que participan tanto grupos criminales como presuntos policías federales.

         Según esa versión, los policías simular escoltar a los autobuses pero, en realidad, los entregan a los criminales quienes, a su vez, extorsionan a las familias de los centroamericanos, vía telefonía celular.

         ¿Cuántos secuestros tiene reportados el gobierno federal? ¿Cuántas el gobierno Estatal? ¿Cuántos denuncias de secuestro se tienen? ¿Son todos los casos de secuestro? ¿De verdad los criminales son tan buenas personas como para secuestrar indocumentados, extorsionar a sus familias y, posteriormente, trasladar a sus víctimas a la frontera para que crucen a Estados Unidos?

         ¿Bondad criminal o complicidad del gobierno federal?

         Al tiempo.