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Gabriel García-Márquez/Sentido común
XALAPA, Ver., 28 de enero de 2019.- La presidenta de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a los Periodistas (CEAPP), Ana Laura Pérez Mendoza, detalló que durante el periodo 2018, el organismo a su cargo abrió un total de 122 expedientes de procedimiento de atención preventiva y de protección para comunicadores en la entidad, de las cuales, se dictaron 293 medidas para periodistas y sus familiares que han sido víctimas de alguna agresión, amenaza o intimidación.
Durante su mensaje en la comparecencia ante solamente dos diputados de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas del Congreso del Estado y con la ausencia del vocal de la misma, Gonzalo Guízar Valladares y demás legisladores locales, precisó que integraron un total de 46 expedientes de carácter preventivo donde se dictaron 133 medidas y se determinaron 22 medidas que corresponden a 9 expedientes iniciados en años anteriores y que se encuentran aún en estatus de activos.
Asimismo, destacó que la CEAPP ha atendido 50 denuncias o querellas por posibles delitos de amenazas, robo, lesiones, abuso de autoridad, acoso, desaparición, privación de la libertad, engaño telefónico y daños en contra de periodistas de Veracruz, de las cuales 23 fueron interpuestas en las Fiscalías de 12 municipios, 21 en la Fiscalía especializada de Xalapa y 6 ante la FEADLE, ubicada en la Ciudad de México, de la cuales 46 se encuentran en trámite, en una no se ejerció acción penal y tres se encuentra en acuerdo repertorio.
En la vertiente de ayuda social, Pérez Mendoza dio a conocer que se atendieron 56 solicitudes, de las cuales 12 fueron sobreseídas por no cumplir los requisitos en las peticiones hechas al Organismo, mientras que de las 44 solicitudes restantes, 20 fueron para apoyo de profesionalización; 8 para reparación y /o adquisición de herramientas de trabajo indispensables para la realización de la actividad periodística; 12 para asuntos que afecten la integridad física del comunicador, particularmente en temas de salud; 2 por concepto de gastos funerarios y 2 por traslados.
Asimismo, Ana Laura Pérez Mendoza informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR), mantiene resistencia para permitir el acceso a los expedientes de los periodistas que fueron asesinados en Veracruz.
“Se emprendieron las acciones legales, por la vía del derecho a la información, para acceder a las investigaciones de más de una decena de periodistas”.
Por ello, se expuso que en Veracruz existe un índice de impunidad de más del 90 por ciento de los casos de homicidios y desapariciones de periodistas, del año 2011 a la fecha, cuando se agudizó esta oleada de agresiones a comunicadores.
“Obtener una simple constancia de víctima lleve meses y un proceso largo y tortuoso de trámite, ratificación y obtención de la misma que desalienta y cansa a los solicitantes. Si no fuera por la Comisión, muchos periodistas o víctimas indirectas ni siquiera habrían podido cubrir los gastos que este tipo de trámites conlleva”.