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XALAPA, Ver., 13 de diciembre de 2018.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez envió al Congreso del Estado la Iniciativa con Proyecto de Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz, la cual pretende incorporar la austeridad como principio conductor de la administración y eje estratégico del gasto público, es decir, recortar los salarios de todos los funcionarios públicos estatales.
De acuerdo con el documento, la austeridad permitirá erradicar el conjunto de excesos que la clase política había cometido y se podrán realizar los principios constitucionales de economía, racionalidad, honradez y transparencia en la asignación y el ejercicio de los dineros, para lo cual se propone la adopción de medidas de contención del gasto en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.
“Este es uno de los motores de la transformación que se están llevando a cabo por mandato popular. Cabe precisar que el conjunto de herramientas para alcanzar los objetivos de esta Ley no afectarán, suprimirán, disminuirán o restringirán programas sociales y derechos tutelados en la Constitución y las leyes”.
“El propósito es claro: hacer eficiente el gasto destinándolo efectivamente al interés general, para liberar recursos que serán destinados a financiar el desarrollo y la prosperidad de los veracruzanos. De acuerdo con los últimos datos publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el Estado de Veracruz el 62.2% de su población se encuentra en situación de pobreza”.
Dicha ley contempla la reducción del gasto corriente respecto de los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos de los poderes, órganos autónomos y sus entes públicos, así como la incorporación de todos los funcionarios a los sistemas públicos de seguridad social y la consecuente prohibición de regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro, así como contratar a cargo de recursos públicos, seguros privados de gastos médicos, de vida o separación.
Asimismo, se eliminan los servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica, combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones y bienes informáticos.
Además, la creación de nuevas plazas en el poder ejecutivo, restringir el uso de escoltas, elementos de seguridad, secretarios privados y asesores, a reserva de los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia; el uso de vehículos de propiedad del Estado; restringe el gasto en propaganda oficial, disminuyendo al mínimo posible la contratación de tiempos comerciales y concentrando en una sola dependencia su difusión; se prohíben los trasladados en primera clase y se establecerán límenes de gastos de transportación, hospedaje y gastos en caso de ser necesario el viaje.
Los ahorros y economías obtenidos con motivo de la aplicación de la presente Ley serán destinados a los programas prioritarios de atención a la población y programas sociales con asignación de recursos del Presupuesto de Egresos del Estado y demás leyes aplicables.