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XALAPA, Ver., 27 de septiembre de 2018.- Los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero no son los únicos que se le imputan a Javier Duarte de Ochoa, por lo que habría que ver qué acciones toma la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE), señaló la consultora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Anais Palacios.
Precisó que las autoridades de procuración de justicia accionan hasta donde la misma situación política del país les permite, además de que la capacidad de demostrar los hechos delictivos del exgobernador de Veracruz ha sido corta.
“No es el único delito por el cual se le esté juzgando a Javier Duarte, hay muchos otros pero dependería de la Procuraduría General de la República, y cuando así lo manifieste la Fiscalía General del Estado, comprobar la comisión de otros delitos, porque no sería el único y está también la cuestión de un aseguramiento de bienes”.
La activista mencionó que el llamado que hizo el Congreso Federal a la Corte Internacional de La Haya, para que Javier Duarte de Ochoa sea juzgado por crímenes de lesa humanidad, se ve un poco complicado, pues en México aún se no han agotado los procedimientos jurídicos internos para juzgarlo.
Por otra parte, refirió que los actuales gobiernos no están midiendo el alcance que tendrían sus dichos, aseveraciones y promesas en diversos temas, como el de justicia contra Javier Duarte y lo que han mencionó a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
“Ya deberían de empezar a proponer cosas más realistas y que tengan un sustento en la legalidad y no nada más de oídas, hay que escuchar a los colectivos y la escucha de los colectivos representa la verdad desde las víctimas indirectas, porque no siempre las demandas de los colectivos son realizables en lo inmediato y ahí es donde los nuevos gobiernos se están apropiando del discurso, pero no tienen cómo rebotar desde la práctica algo que responda a las necesidades”, concluyó.