
CAEV atiende fractura en línea de conducción de agua en Acayucan
XALAPA, Ver., 13 de julio de 2018.- Patricia Bedoya Zamora quien es la abogada del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio, mencionó que podría denunciar penalmente a los diputados locales que se han negado a aprobar las modificaciones al código penal para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Esto como lo marcan las recomendaciones de la Alerta de Género por agravio comparado decretada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) a pesar de la existencia de un mandato emitido por un juez federal.
En este sentido, señaló que los legisladores podrían hacerse merecedores de una sanción por desacato judicial, la cual los alcanzaría a pesar de que en los próximos meses concluya su encargo como legisladores.
“Hay un delito que se llama desacato judicial, cuando hay una sentencia que te ordena hacer algo, lo tienes que hacer como ciudadano o como autoridad y cuando no lo haces caes en la figura o se tipifica como desacato judicial y por otro lado el juicio de responsabilidad porque en su encargo tienen la obligación de respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
De igual manera, criticó que las ideologías y creencias personales se estén imponiendo al interés de las mujeres, por lo cual calificó la actitud asumida por los diputados como un fanatismo que pretende imponer su voluntad a los demás.
“De verdad a mi me parece que hay diputados que están actuando con fanatismos con base en sus creencias e ideologías personales, a mi me parece que es así porque unicamente los fanáticos son extremistas y solamente los fanáticos quieren imponer su modo de pensar a otros y justificar el violentar los derechos humanos de otras personas argumentando que están haciendo el bien”.
Finalmente, lamentó que mientras se da esta discusión, las mujeres se encuentran en un limbo jurídico que les impide hacer valer sus derechos