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Tribunal Electoral de Yúnete
La más reciente sentencia del Tribunal Electoral del Estado (TEV), emitida por el caso “Yúnete”, acumula más evidencia de la parcialidad en la actuación de sus magistrados en favor del grupo gobernante. Por el sentido de sus sentencias, José Oliveros, Javier Hernández y Roberto Sigala son aliados funcionales del Frente PAN-PRD y MC; parte de la coalición. Detrás de la interpretación de la legislación electoral, la valoración de pruebas y su leguleya argumentación se revela constante el interés de proteger al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y a sus hijos Fernando, pero especialmente, en este momento, al candidato a gobernador Miguel Ángel Yunes Márquez. El TEV también es Yúnete.
Esta complicidad se ilustra bien en su actuación en el procedimiento especial sancionador formado con motivo de la denuncia de los partidos Morena y PRI contra el gobernador y sus dos hijos, así como al grupo de autores materiales, los 5 servidores públicos del Gobierno del Estado que desplegaron apoyos para damnificados por desastres naturales –huracán y sismo– en septiembre del año pasado, usando el nombre “Yúnete” de una supuesta organización, logos y colores alusivos al nombre de la familia, y sus campañas electorales.
Unos días después de que se exhibieran en medios de comunicación a los funcionarios del gobierno de Yunes, incluso al jefe de grupo, Rafael Jesús Abreu Ponce, de la Comisión de Agua y Saneamiento (CAEV), en Coatzacoalcos, se le oye decir “Venimos aquí por instrucciones del gobernador”, los partidos políticos Morena y PRI por separado denunciaron los hechos como violatorios de las constituciones políticas –federal y local. La denuncia encuadra las violaciones en el uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, contra las normas sobre propaganda político electoral y por actos anticipados de precampaña o campaña; además la hace extensiva a los partidos políticos PAN y PRD por no vigilar las acciones de sus militantes.
En el primer acto, protegieron a todos
De entrada, los magistrados del TEV se la quisieron llevar fácil. Su simulacro de proceso declaró “la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia”. Pero les enmendó la plana el Poder Judicial federal. Por impugnación de los partidos denunciantes, en juicio de revisión constitucional, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sentencia “protectora”. Aunque el tribunal federal no sustituye al TEV en su jurisdicción de resolver, lo obligó a analizar con mayor exhaustividad las pruebas recibidas, examinar “las relaciones entre la asociación civil “Yúnete” y las personas denunciadas, para determinar si las aparentes similitudes usadas en la propaganda denunciada pueden o no constituir infracciones por generar confusión en la ciudadanía en beneficio de quien actualmente es candidato a la gubernatura postulado por el PAN o bien promoción personalizada del actual gobernador.
El tribunal federal expresamente concluye que fue “incorrecto” que el TEV se escudara en el simple argumento de que en Veracruz hay muchas familiar de nombre Yunes para desestimar las pruebas y decir que eran insuficientes. Así, con la revocación les impuso realizar mayores diligencias y nueva valoración del material probatorio, emitir una resolución más exhaustiva y congruente.
Un mes le tomó al TEV, tras la revocación, armar la farsa de la nueva sentencia emitida el pasado martes.
En el segundo acto, solo vista a la contraloría
La reconstrucción de la sentencia exime de toda responsabilidad a los jefes del TEV, tanto el gobernador como su hijo niegan toda conexión con el grupo operativo de sus empleados –los entonces servidores públicos se desdicen de los vínculos y las “instrucciones recibidas”, se echan la culpa de la iniciativa por solidaridad con la población afectada–, el nombre Yúnete quién sabe de dónde salió, y en curso se averigua que la organización no se constituyó legalmente, era en ese sentido algo fantasma. El TEV barre casi todo, no encuentra tampoco uso de recursos públicos, aunque como no puede repetir los mismos términos que ya le enmendó el tribunal federal, se queda con poquita cosa. Admiten al final dos grupos de violaciones para un par de chivos expiatorios; al ya citado Abreu Ponce de la CAEV y Ricardo Cabrera Férez, delegado de Patrimonio del Estado en Xalapa, los hacen responsables de violar las normas sobre propaganda político electoral, pero solo porque usaron logos colores y emblemas del anterior proceso electoral; además por realizar promoción personalizada del nombre del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, pero sin el consentimiento de éste y de su familia. Como los Yunes se declararon inocentes, se los creyeron; Abreu Ponce y Cabrera Férez resultaron sus fans, que actuaron por cuenta propia. Como estos ya habían sido despedidos, todo queda en una vista a la Contraloría del Estado para que les integre su expediente. Igualmente exime al PAN y al PRD. Misión cumplida del Tribunal Yúnete. A ver qué queda, si se conforman los partidos denunciantes Morena y PRI, o al menos se quejan de la simulación de TEV y su falta de cumplimiento de los términos de la revocación del tribunal federal.