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XALAPA, Ver., 2 de marzo de 2018.- El fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, señaló que la Fiscalía no ha recibido hasta el momento notificación alguna sobre un amparo interpuesto por la expresidenta del DIF estatal, Karime Macías Tubilla, a finales de febrero, aunque precisó que por los rumores, esperan ser notificados.
“No sabemos qué tipo de amparo promovió ella, si hubiera alguna investigación en contra de la señora Karime y ella quisiera conocer tendría que venir personalmente, si hubiera tendría que venir personalmente”.
Hay que recordar que fue el 27 de febrero que la expresidenta del DIF estatal y esposa del exgobernador, Javier Duarte de Ochoa, interpuso una demanda de amparo ante el juez Decimotercero de Amparo Penal en la Ciudad de México, donde acusa a la Fiscalía de negarse a informar sobre una averiguación previa iniciada en diciembre de 2017.
Dicha investigación, que el Fiscal evitó reconocer o rechazar, sería por los delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal.
Entrevistado posterior a la entrega de 31 patrullas del Programa PACMA de Pemex donadas al Gobierno de Veracruz, Winckler indicó que en torno a la carta que envió desde el Reclusorio Norte el exgobernador Javier Duarte de Ochoa a la Procuraduría General de la República (PGR), se tendrá que ver con la dependencia federal y de querer declarar ahí, lo puede hacer.
“Nosotros estamos investigando todo el tema de desaparición forzada y llegaremos hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. En el ámbito de competencia cada una de las instancias tiene sus facultades”.
Cuestionado en torno a si Duarte de Ochoa o sus abogados han solicitado en dos ocasiones información sobre si hay o no investigaciones en su contra, respondió que ha hecho uso de todos los elementos legales para defenderse en sus procesos.
“Todos tienen derecho a defenderse, a mandar cartas, recursos, presentar amparos, todos tienen derecho a presentar sus peticiones de información, como hacen hasta los periodistas”.
Finalmente, reconoció que la Fiscalía está obligada a dar respuesta fundada y motivada a cualquier ciudadano.