Pablo Hiriart/Uso de razón

Urge seguridad para los precandidatos

Matar se ha vuelto fácil en México desde hace varios años, pero el incremento de la violencia homicida contra políticos debería ser un llamado de atención para tomar cartas preventivas en el asunto antes de que sea demasiado tarde.
No se trata de dar privilegios a la seguridad de políticos sobre el resto de la ciudadanía, sino entender que son dos temas diferentes.
La seguridad de los ciudadanos es obligación cotidiana de las autoridades federales, estatales y locales, y sobre su desempeño y compromisos evaluamos y votamos.
Sin embargo, estamos entrado a un periodo especialmente sensible para un país vulnerable como el nuestro: las elecciones presidenciales.
El miércoles el diario Reforma hizo un recuento espeluznante que arroja a once políticos asesinados de diciembre a la fecha. Al día siguiente El Financiero hizo lo propio y los crímenes habían aumentado a catorce.
Son muchos en poco tiempo y no es necesario ser muy agudo como para no levantar las cejas. Cuidado, eso viene creciendo.
Si algo grave le sucede a un precandidato presidencial, se desestabiliza el país.
Con toda razón el PRD demandó una propuesta emergente para contener la violencia contra candidatos o funcionarios.
Imposible brindar protección a los aspirantes a los tres mil 415 cargos de elección popular que se juegan en julio. Pero a los precandidatos presidenciales es indispensable.
La legislación dice que se apoyará con seguridad a los candidatos presidenciales que así lo requieran, pero dadas las circunstancias debe extenderse la protección a los precandidatos.
No son muchos: AMLO, Meade, Anaya, Margarita y El Bronco. Y si alguno de estos dos últimos no logra los requisitos para la candidatura, se le retira la protección y punto.
Aquí el ahorro puede salir muy caro.
Si alguien quiere desestabilizar al país sólo tiene que hacerle algo grave a alguno de los precandidatos presidenciales. Y eso es muy fácil.
Cuidar que no les pase nada es un asunto de seguridad nacional.
Hay muchos fanáticos, de todos los signos, que merodean en las redes con instintos asesinos.
Esas personas también están en las calles y basta con que una sola quiera “hacerle un servicio a la causa” y México se desbarranca.
Somos casi 120 millones y hay demasiada familiaridad con la muerte y con la sangre.
Con uno que quiera pasar a la historia por “salvar a la patria” de “las garras de la mafia del poder”, del “peligro para México” o del “regreso al calderonismo”, basta para que nuestro país se vaya a pique.
Eso se puede evitar, o acotar riesgos, con la custodia del Estado Mayor Presidencial o, si lo prefieren, mediante el financiamiento a la guardia de seguridad que elija el precandidato.
No faltará el tacaño que respingue con un “no acepto que mis impuestos se vayan a cuidar a políticos”. A otro lado con esa cantaleta. No es su dinero desde el momento en que lo pagó: es del país, y es obligación de las autoridades velar por el interés superior de la nación.
Sabemos que los precandidatos son o se hacen los muy valientes y dicen no necesitar protección. No es cosa de gustos o de valor, sino de seguridad de México.
El Estado Mayor debe entrar ya, o si lo prefieren los precandidatos que contraten una buena guardia personal financiada por el Estado.
Para como están los tiempos, no hacerlo es irresponsable y podemos pagar muy caro ese supuesto ahorro.