Uso de razón/Pablo Hiriart

¿Hasta dónde, las agresiones a periodistas?

Sin proporcionar ningún dato serio, el subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, Roberto Campa, descartó que el asesinato del periodista Cándido Ríos en Veracruz haya sido por motivos relacionados con su profesión.

¿De dónde saca Campa que lo asesinaron por otro motivo? Que lo diga, pero no tiene derecho a insinuar que la víctima fue culpable de que la mataran.

El periodista ya había sido amenazado de muerte en diversas ocasiones por un ex alcalde del municipio de Hueyapan de Ocampo, donde tenía un medio impreso y colaboraba como corresponsal del Diario de Acayucan.

Hablamos de medios de comunicación pequeños, sin resonancia nacional ni estatal, y por tanto sus periodistas están completamente desprotegidos, a merced de caciques políticos o del narcotráfico.

¿Dónde está el Estado para garantizar la libertad de expresión? Simplemente no está. O toma la palabra para insinuar acusaciones contra las víctimas, antes de investigar, como hizo Roberto Campa.

Aquí en la Ciudad de México, donde creíamos que el ejercicio de la actividad periodística estaba a salvo de matones, también comienzan a darse agresiones y amenazas de muerte a quienes investigan, con fines de publicación, actividades delictivas de grupos criminales.

No hay que sorprenderse porque amenacen o golpeen, sino por la incompetencia de las autoridades al permitir que los hechos queden impunes.

Hace un par de días el periodista Humberto Padget fue golpeado en Ciudad Universitaria mientras investigaba redes de narcomenudeo en esa casa de estudios.

¿No que no era preocupante el narcomenudeo en CU, doctor Graue?

¿Qué esperan para considerar serio y de atención urgente que redes de narcomenudistas operen en la Universidad Nacional?

A Padget lo golpearon cuando descubrieron que grababa a narcomenudistas. Eso le puede pasar a cualquiera (que tenga el valor de hacerlo). Pero el punto es que una agresión así no puede quedar impune.

Si las autoridades de la UNAM minimizan la presencia de narcotraficantes en el campus, las autoridades capitalinas menos van a atender el asunto.

Y así escala el descontrol porque las agresiones no tienen ninguna consecuencia.

Héctor de Mauleón ha sido amenazado de muerte de la manera más intimidatoria y procaz que hayamos visto. Ojalá no suceda, pero estamos viviendo la crónica de una agresión anunciada.

Mauleón, con valentía, no ha dado un paso atrás en denunciar a los delincuentes que ha ido descubriendo en su trabajo reporteril plasmado en la columna En Tercera Persona, que se publica en El Universal.

La delincuencia criminal asociada al narcotráfico y a la extorsión, ya está instalada en la Ciudad de México y opera lo mismo en Tláhuac, en El Ajusco, en la Roma o en la Condesa. De eso nos habla Héctor de Mauleón, de manera documentada y profesional.

Y necesitamos que se siga hablando, perjudique a quien perjudique.

Nadie pide garantías especiales a los periodistas, pues lo mismo vale la vida de un médico, un albañil, un ingeniero o un vendedor ambulante.

Lo que sí debe proteger el Estado, con doble cuidado, es el ejercicio de la libertad de expresión.

Deben ser castigados los asesinos, golpeadores y quienes amenazan periodistas porque están inhibiendo un valor fundamental de la vida democrática: la libertad de expresión.

Con lo sucedido a De Mauleón se ha suscitado un insólito momento de unidad en casi todos los medios impresos de la capital del país. Salvo en uno, en todos han aparecido expresiones de solidaridad hacia Héctor.

Bienvenida la unidad en un gremio generalmente desarticulado por antagonismos y egos, aunque sólo sea para decirle al gobierno, a los gobiernos, que paren esta locura criminal.