Programa de Retiro Voluntario ahorraría 600 mdp

XALAPA, Ver., 19 de junio de 2017.- Durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares también se aplicará el Programa de Retiro Voluntario, el cual, de acuerdo con la secretaria de Finanzas y Planeación, Clementina Guerrero García, es realista, atractivo y con estricto respeto a los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores.

Aseguró que “oportunamente y mediante los lineamientos que al efecto emitirá la Sefiplan, se dará a conocer e instrumentará, orientando tanto a trabajadores de mandos medios y superiores como a los trabajadores de estructura con algún grado de subordinación que cuenten con plaza presupuestal de carácter directo y permanente».

De acuerdo con el Programa Estatal de Finanzas Públicas, se dio a conocer que el Gobierno del Estado aplicará de nueva cuenta el Programa de Retiro Voluntario, el cual pretende ahorrar alrededor de 600 millones de pesos.

En este sentido, apuntó que los recursos presupuestales necesarios implican incurrir en un gasto inicial acotado que será sufragado en su mayor parte con los recursos presupuestales autorizados en el Capítulo 1000 de las Dependencias y Entidades para el ejercicio fiscal de 2017-2018 y complementado con las economías de los capítulos 2000 y 3000 que se logren a lo largo de cada periodo.

Asimismo, se explica en el documento que esto implicará en principio las adecuaciones necesarias al Presupuesto Autorizado para los ejercicios fiscales de 2017-2018 y la emisión de las disposiciones específicas de la Sefiplan para otorgar una compensación económica a los servidores públicos que concluyan la prestación de sus servicios en la Administración Pública del Estado de Veracruz.

«El Programa diseñado pretende establecer un ahorro anual en servicios personales por los siguientes años de alrededor de 600 millones de pesos».

Por último, se estipula que el ahorro de recursos que se obtendrán con el programa de retiro voluntario, contribuirán a subsanar el déficit estructural presupuestal y destinarse a inversión productiva orientada a combatir la pobreza en las comunidades más necesitadas o a fortalecer la seguridad en las escuelas públicas del estado, combatir el bullying, la desigualdad de género y la discriminación.