Segob entregó informe de Alerta de Violencia de Género el 10 de marzo

XALAPA, Ver.,16 de marzo de 2017.- Al anunciar que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), de la Secretaría de Gobernación (Segob), entregó el pasado 10 de marzo al Gobierno de Veracruz el informe y recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, la coordinadora del colectivo Equifonía y promotora del protocolo, Araceli González Saavedra, indicó que se tienen 15 días para responder y seis meses posteriores para ejecutar estas medidas.

En conferencia de prensa, destacó que se trata de un informe histórico que no había sido emitido para ningún estado, y que involucra recomendaciones a nivel de los tres poderes de gobierno, con lo que se busca garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo en términos de justicia y servicios de salud a las veracruzanas, pues actualmente no se ofrecen y se sancionan.

«La Fiscalía General del Estado no cuenta con datos sobre cuántas interrupciones legales del embarazo se han aprobado y se han garantizado para las mujeres en Veracruz, pero nos dicen que en el estado, de 2015 a 2016 se iniciaron 15 investigaciones ministeriales y siete carpetas de investigación por el delito de aborto», apuntó.

Explicó que se recomendó a Veracruz ajustar la Legislación, de modo que se garantice que no haya muertes maternas ante la negativa de instituciones de salud de practicar interrupciones legales del embarazo, pues, dijo, los 22 casos ocurridos en territorio estatal en 2014 pudieron ser evitados.

Por su parte, el director de Justicia, Derechos Humanos y Género y miembro del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Rodolfo Manuel Domínguez Márquez, destacó las recomendaciones en materia legislativa, aunque dijo, también se emitieron para el poder Ejecutivo y Judicial.

«Se mandará al Estado despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, se considera que habrá aborto sólo hasta después de las 12 semanas, antes no va a poderse considerar como aborto; aumentar las causales de interrupción legal del embarazo, en particular adicionar la causal para el caso en que haya riesgo a la salud de las mujeres».

También se mandata eliminar el plazo para que las mujeres embarazadas, a consecuencia de violación, accedan a un aborto legal, pues actualmente sólo cuentan con 90 días para ello. La cuarta recomendación hace referencia a que las causales de interrupción del embarazo deben ser consideradas como excluyentes de responsabilidad y no como de «no punibilidad», pues con ello se lograría dejar de considerarlas como delincuentes.

Indicó que en materia de salud, el informe ordena que se capacite al personal debido a que la falta de conocimiento condena a las veracruzanas a vivir embarazos no deseados, lo que además de violar las normas federales, es considerado como un tipo de tortura.

«Se reconoce que las mujeres que son violadas y quedan embarazadas, muchas veces no van a denunciar, por diversos motivos sociales, personales o institucionales. La consecuencia es que no van dentro del plazo de los 90 días que se exige en la legislación para hacerlo y esto condiciona a las mujeres y se les expone a que no puedan llegar a esta interrupción y se les obligue a un embarazo no deseado».

Domínguez Márquez señaló que este informe toma relevancia a nivel internacional debido a que organizaciones mundiales se están pronunciando al respecto, «este informe se hizo a la luz de los más amplios estándares internacionales, estándares de recomendaciones del Comité CEDAW, de una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoce los precedentes que existen en la materia emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación«.

Finalmente, los activistas informaron que solicitarán de manera formal a la Segob que se forme un organismo que dé seguimiento a estas medidas que recomendaron para Veracruz, para que además de vigilar su cumplimiento, se siente un precedente internacional sobre la violencia de género por agravio comparado.