Punto de Vista

* Mucho ruido y pocas nueces

Faltan aún 133 días para que se dé el relevo en el Gobierno de Veracruz. Demasiado tiempo para escuchar la misma cantaleta. «El Gobernador corrupto, lo mismo que sus más cercanos colaboradores». En algún momento los veracruzanos pedirán menos palabras y más acciones.

¿Que Javier Duarte es corrupto?

Ya lo hemos escuchado hasta la saciedad. Noticia será cuando nos informen que fue encontrado culpable por las autoridades… o que fue absuelto.

¿Que -como dijera el Auditor Superior- Javier Duarte se rodeó de pillos?

Un día sí y otro también nos lo recuerda el Gobernador electo. Noticia será cuando les podamos tomar una fotografía tras las rejas… O cuando un juez declare su inocencia.

El periodista Jorge Fernández Menéndez hace referencia a ese discurso incendiario de los ganadores en el proceso electoral

Dice que existe «una enorme presión social, alimentada por los partidos políticos y candidatos, para meter a la cárcel a sus adversarios que han estado en el poder». Aunque admite que en muchas ocasiones las acusaciones están bien fundadas, en otras son «políticamente sólidas pero legalmente endebles», y en ocasiones forman parte simplemente de un discurso político.

«Lo cierto es que la cárcel no acaba ni disminuye la corrupción: eso lo harán la correcta aplicación de las leyes y, sobre todo, las medidas de control y prevención», remata.

El nuevo dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, se suma a esta «moda» de cazar corruptos y asegura que el partido que ahora dirige está obligado a señalar a los funcionarios del tricolor que incurran en actos de corrupción.

«Tenemos que ser los primeros en señalar casos donde cualquier funcionario público que venga de las filas del PRI haya traicionado a la sociedad y se haya corrompido. Tenemos que señalarlo, pedir la investigación correspondiente, que se fiscalice y en caso de que las pruebas así lo acrediten, debemos pedir hasta la destitución del cargo».

El PRI -dijo Enrique Ochoa- tiene que ser garante de la honestidad de sus gobernantes.

Unos días después de concluida la elección, Jorge Fernández Menéndez advertía que era una falacia suponer que con encarcelar a alguien se “reconstruye un tejido social, se reconcilia una sociedad”, como dijo el gobernador electo de Chihuahua, Javier Corral. «Está de moda -decía el analista el pasado 9 de junio- y todos hablan de mandar a la cárcel a sus predecesores. Muchos hacen de ello su única agenda política o lema de campaña (‘la mafia del poder’). Pero no se dan cuenta que la cárcel no sirve, no alcanza, para gobernar».

Según Fernández Menéndez, en muchos casos más que hacer justicia lo que se quiere es venganza o simplemente ganar tiempo. «No estoy defendiendo a ninguno de los políticos que podrían estar tras las rejas. Lo que digo, insistíamos entonces y ahora, es que el procesar a alguien es un tema del ministerio público, no del gobernante. Y muchos gobernantes terminan tratando de convertirse en ministerios públicos, olvidándose de gobernar».

Parece estar describiendo la actitud de Miguel Ángel Yunes Linares. Llena todos los espacios mediáticos con un discurso de venganza, de falso justiciero en contra de quienes «les han robado a los veracruzanos», mensaje que le servirá, en todo caso, para evadir las culpas al final de su bienio.

El remate de Jorge Fernández Menéndez resulta implacable:

«No nos engañemos, no será fácil para ninguno de los nuevos gobernadores terminar procesando a sus antecesores. Y no será fácil porque una cosa es la política y las campañas y otra el terreno legal. Para procesar debe haber pruebas y debe haber un marco legal vulnerado. Se decía antes que muchos políticos pueden ser acusados, con razón, de ladrones, pero no de estúpidos, y eso vale todavía ahora».

Habremos de estar pendientes del derrotero que toman todas estas denuncias que hoy son sólo mediáticas.

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