Servidores públicos justifican su inoperancia por veda electoral

XALAPA, Ver., 5 de abril de 2016.- Con el comienzo del proceso electoral y la llamada “veda electoral” con la que prácticamente todos los servidores públicos justifican su inoperancia, integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), manifiestan su preocupación porque la vida y derechos humanos de las y los veracruzanos pase a un segundo plano poniendo más atención a los discursos de los participantes de la contienda electoral.

La activista Olivia Aguilar Dorantes lamentó que marzo sea considerado como un mes realmente complejo en cuanto a la violencia sexual y física hacia las mujeres.

“Esto es muestra clara de la impunidad que se vive en Veracruz y de la facilidad con la que aquí se vulnera la seguridad de las veracruzanas; el caso de Daphne Fernández es una clara muestra de lo anterior, la circunstancia y características lo convierten en un asunto emblemático, especialmente por la revictimización que vulnera los derechos humanos de ella y su familia”.

Respecto de las recomendaciones que emitió la Secretaría de Gobernación (Segob) para Veracruz en el marco de la solicitud de Alerta de Violencia de Género, enfatizó que la falta de respuestas evidencian el desinterés en este tema, “que tanto nos lastima”.

De tal forma dio a conocer que conforme a los registros que han obtenido, de enero a la fecha, 74 niñas y mujeres han sido víctimas de desaparición forzada y se reportaron 193 casos de diferentes tipos de violencia contra mujeres y niñas, destacando la violencia física y sexual.

“Son alarmantes estas cifras, aún más cuando el Ejecutivo estatal se ha comprometido ante la Secretaría de Gobernación a acatar las recomendaciones hechas desde aquella instancia para revertir la lamentable situación en la que se encuentran las veracruzanas, dado a los altos niveles de violencia”.

Por ello, se sumaron al llamado de exigencia de otras organizaciones promujer para garantizar el respeto a la vida e integridad de este sector, “el cual debe ser una prioridad para el gobierno”.

“Las instituciones públicas deben hacer lo que les toca de acuerdo a la normativa y legislación vigentes. Sólo tienen que cumplir con su trabajo y responsabilidades, no más, y por supuesto, tampoco menos”.