Periférico de Orizaba, obra inútil de Peña Nieto que costaría 5 mil mdp

CÓRDOBA, Ver., 30 de marzo de 2016.- Una obra inútil que costará a los mexicanos más de 5 mil millones de pesos y afectará áreas naturales protegidas y a cientos de campesinos de comunidades de 11 municipios de la zona centro de Veracruz, es la que impulsa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con la construcción de un periférico entre Córdoba y Orizaba, aun cuando entre ambas ciudades existe una autopista y una carretera federal. Ni modo… es promesa presidencial.

Construir la primera etapa, en la que se invertirán 2 mil millones de pesos en un periférico que facilite la comunicación entre las ciudades de Córdoba y Orizaba fue el compromiso número 60 de Enrique Peña Nieto como candidato a la Presidencia de la República, y la tercer obra más grande contemplada en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 en Veracruz.

“Háganme de esta tierra, siéntanme suyo, adopten este proyecto para que juntos llevemos a México a mejores condiciones», expresó el 16 de mayo de 2012, al anunciar también la edificación de un Centro de Convenciones en Córdoba.

De acuerdo con Peña Nieto, esta obra agilizaría el tránsito entre Orizaba y Córdoba, aunque ambas ciudades están conectadas por una autopista —con caseta de cobro— y la carretera federal, en condiciones aceptables y con circulación fluida.

El proyecto del Periférico —que en la Manifestación de Impacto Ambiental no incluye a Orizaba— atravesaría los municipios de Maltrata, Nogales, Camerino Z. Mendoza, Río Blanco, Huiloapan de Cuauhtémoc, Rafael Delgado, Ixtaczoquitlán, Fortín, Amatlán de los Reyes y Córdoba.

Para sus 36 kilómetros de longitud se requiere invertir 2 mil 706 millones, 291 mil 101 pesos, con 90 centavos.

El pasado 23 de enero, la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) emitió un comunicado de prensa en el que invita a cuidar las Áreas Naturales Protegidas (ANP) “utilizar los senderos que existen y no abrir nuevos caminos”.

El trazo del Periférico Córdoba-Orizaba cruza dos áreas naturales protegidas: el Cañón de Río Blanco y parque Metlac-Río Blanco, que el gobierno estatal declaró ANP en 2013.

El proyecto abarca 216 hectáreas y estima la pérdida de diferentes tipos de vegetación en 81.94 hectáreas: 15.14 de bosque de pino-encino, 18.17 de selva alta, 22.44 de selva mediana, 4.16 de bosque de galería y 24.03 hectáreas de pastizal natural e inducido.

“Una obra que requerirá cambiar el uso de suelo por la remoción de vegetación forestal, así como obras y actividades en ríos y sus zonas federales y en áreas naturales protegidas de competencia federal”, señala el resolutivo de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). El saldo: la destrucción de 17 mil 776 árboles.

Juan Carlos Chamorro Mata, miembro del Frente Antiperiférico, indica que desde el punto de vista económico, la obra es costosísima: “Se habla de 2 mil 700 millones de pesos para 36 kilómetros, y es muy probable que el precio se eleve, pues contempla varios túneles, uno de ellos, de más de un kilómetro”.

Chamorro, uno de quienes pidieron a la Semarnat que el proyecto se sometiera a Consulta Pública, hace hincapié en sus dificultades técnicas. Dice que los ingenieros de las constructoras “apenas están palpando por dónde pasará el periférico. Se ve que es un proyecto de escritorio».

Tras varios recorridos y acercamientos con pobladores y ejidatarios de Ixtaczoquitlán, reafirma su rechazo a esta obra: “Es tan onerosa como innecesaria, pues hay dos vías de comunicación”, y destaca la afectación a la gente, porque es una zona muy poblada.

Desde el punto de vista ambiental, Chamorro resalta el daño a las Áreas Naturales Protegidas, y el ocultamiento de información en el proyecto y la Manifestación de Impacto Ambiental “de manera mañosa” pues no menciona que la edificación del túnel Alpopoca afectaría el Bosque Mesófilo de Montaña”.

Únicamente en la zona de Ixtaczoquitlán se afectarían cinco ejidos: Ixtac, Zapoapan, Ixtac Viejo, Campo Chico y Campo Grande, donde viven alrededor de 300 personas, en su mayoría campesinos que al perder sus terrenos no tendrían a dónde ir.

DESINFORMACIÓN Y RECHAZO

En el segundo volumen de “Memoria del fuego”, el escritor uruguayo Eduardo Galeano se refiere a los indígenas de Canadá en la época de la colonización francesa. Sus consejos de ancianos y asambleas públicas tenían la última palabra.

Pero acá —en el siglo XXI—, el reloj camina en sentido opuesto. La desinformación domina y los afectados son los últimos en conocer y aprobar los proyectos que modificarán su entorno, y cuando opinan, su voz se oculta.

Autoridades federales decidieron celebrar sólo dos reuniones, en las comunidades La Joyita y Rincón Grande, municipio de Ixtaczoquitlán, y no tomaron en cuenta a los habitantes de los diez municipios restantes.

Beatriz Torres Beristáin, de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), puntualiza que desde la solicitud de la Consulta Pública a la Semarnat, el proceso estuvo “plagado de irregularidades”.

Funcionarios de la dependencia se negaron a presentar el proyecto a los habitantes de las comunidades afectadas durante una Reunión Informativa Pública, bajo el argumento de que sólo se celebran en caso de obras que generen desequilibrios ecológicos graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas.

A cambio, las autoridades abrieron una “Consulta Pública” a través de la Internet, para quien tenga acceso. Once ciudadanos —explica Beatriz Torres— pidieron información, pero rechazaron las solicitudes “porque consideraron que no demostramos fehacientemente que éramos de la zona, al presentar sólo copia de la Credencial de Elector”.

Añade: “Recibimos asesoría de un abogado ambientalista, quien nos aclaró que no aceptar la credencial de elector como comprobante de domicilio era violatorio. Únicamente tres pudimos confirmar el trámite y tuvimos que ir a Xalapa”.

La “Consulta” en línea duró 20 días, tras los que determinaron que el proyecto “no representa peligro”.

DAÑO AMBIENTAL

Este año, la Sedema exhortó a la población a no llevarse de recuerdo plantas o animales de las ANP, no tirar basura a ríos y arroyos, no fumar, no hacer fogatas y vigilar que las mascotas no evacuen en el interior de los espacios con vegetación, ya que su orina “altera los patrones de territorialidad con las especies de fauna silvestre y provoca su desplazamiento hacia otras áreas”.

Para Beatriz Torres, doctora en Calidad de Agua y Acuacultura por la Wageningen University de Holanda, la construcción del periférico suma entre sus desaciertos la afectación de dos ANP: el Cañón de Río Blanco y Metlac-Río Blanco (zona Ramsar) decretada como ANP por el gobierno estatal.

Explica que distintas especies no sólo utilizan las áreas naturales para vivir, sino también de paso, para descansar: “Aquí llegan animales que generalmente bajan de la Sierra y regresan”.

Ixtaczoquitlán, uno de los municipios alterados por la obra, es una de las áreas naturales más ricas por su biodiversidad en toda la región centro del estado.

En entrevista, afirmó que la obra viola el ordenamiento urbano de la zona Córdoba-Yanga-Amatlán, donde establecen zonas ecológicas restrictivas. “Por ejemplo, no se pueden construir más de cuatro casas por hectárea, ¿pero sí un periférico?”.

En el Cañón de Río Blanco se prohíbe cazar y extraer y vender madera. Van a talar más de 17 mil árboles, pero las autoridades alegan que mientras no extraigan o comercialicen la madera, “no hay problema”.

Además —explica—, el trazo contempla túneles, puentes y perforar el cerro San Cristóbal, lo que provocará afectaciones hídricas: “los daños no serán inmediatos, podrían pasar hasta dos o tres años, porque las infiltraciones son lentas. ¿Y quién se va a hacer responsable?”.

Los argumentos de las autoridades son inverosímiles. Esperan reducir la contaminación ambiental al hacer más efectivo el tránsito entre Orizaba y Córdoba: “Es ridículo, el principal obstáculo entre ambas ciudades es la caseta de cobro de la autopista”.

La Sedema precisa que “las Áreas Naturales Protegidas de Veracruz, a cargo del gobierno estatal, son parte del gran patrimonio natural de la entidad, tanto por sus bondades ecosistémicas como por su belleza escénica”. Aunque la dependencia se opone al proyecto, carece de un plan de manejo del Área Natural Protegida y las restricciones necesarias.

Finalmente, Beatriz Torres hace notar que el resumen del proyecto no contempla a Orizaba como municipio afectado, lo mismo que la Manifestación de Impacto Ambiental.

¿DÓNDE SEMBRARÁN MIS HIJOS?

El martes 8 de marzo, habitantes y comuneros del Valle de Tuxpango se manifestaron frente al Palacio Municipal de Ixtaczoquitlán en contra de la obra, que para ellos representa el despojo de sus tierras. De acuerdo con versiones extraoficiales, el pago a los afectados sería de tres pesos por metro cuadrado. Es decir, 30 mil pesos por hectárea.

La gente se quejó porque nadie los ha consultado y se habló de intimidación y amenazas del personal Grupo Desarrollador Caseoli, SA de CV —especializado en carreteras y que ha trabajado para la SCT en estados como Guerrero—, que llegó a la zona.

Temen daños ecológicos y que desaparezcan los balnearios Las Sirenas y Los Sifones, que son fuente de ingresos para familias de ese municipio.

Durante un recorrido por Cuarto Barrio y Quinto Barrio, comunidades del municipio de Rafael Delgado, que cuenta con 19 localidades y una población de 17 mil 473 habitantes, algunos vecinos expresaron su oposición al periférico. Lo que piden son mejores caminos locales.

La página 14 del resolutivo de la Semarnat consigna que el trazo del periférico corre paralelo a las zonas urbanas e incide principalmente en espacios agrícolas.

Emigio Román cultiva nardos en un terreno que renta, de poco más de una hectárea. Dice que algo ha escuchado sobre el tema, porque varias personas se quejan: “Aquí nosotros sembramos tomate, maíz, semilla de calabaza… otros en el monte. ¿La mayoría de la gente qué a va decir?, pues que no”.

Don Evaristo Rojas, de 64 años, camina hacia su casa azadón al hombro. Aunque es propietario, repartió sus tierras entre sus hijos: “Yo tengo familia, ¿qué voy a hacer si nos quitan los terrenos, dónde vamos a estar?”

Señala orgulloso un plantío de flor montecasino. “También sembramos azucena, frijol, maíz, quelites y rábanos. Pero si quedamos sin tierras por la carretera, ¿dónde van a quedar ellos? ¿Dónde van a sembrar mis hijos?

“El Gobierno nos va acabando —continúa—. El pobre es pobre y él da autopista, pone casetas… Va a ganar el gobierno, pero no los campesinos”.

Más adelante, cerca del área natural Las Sirenas, don Andrés Calihua hace surcos en la tierra. Ignora que exista algún proyecto en la zona. Su objetivo es sobrevivir, cultivar maíz y flores para sostener a su familia: “Pero si hacen una carretera, ¿luego cómo siembras? ¿Dónde vamos con nuestras plantas… y los hijos, y los nietos?”.

Andrés trabaja en Cuarto Barrio desde hace 20 años y considera que sería mejor arreglar los caminos que comunican con la cabecera municipal de Rafael Delgado.

Integrantes de Lavida, del Colectivo Cerro del Borrego y del Movimiento Antiperiférico coinciden en la necesidad de reuniones informativas con pobladores de las comunidades, para que conozcan el proyecto y evitar que las anuencias necesarias para el derecho de vía se obtengan bajo intimidación.

Desde 2015, el presidente del Consejo Intermunicipal de Ambientalistas (CIMA), Graciano Illescas Martínez, advirtió del daño ecológico: “Tenemos el estudio más importante en materia de biodiversidad que está respaldado por científicos de la UNAM, el Inecol, la Conabio e incluso investigadores extranjeros. Nosotros hemos desarrollado estudios y tenemos pruebas de la existencia de especies que estaban registradas como desaparecidas en esta zona”.

La obra tocaría parcial o totalmente cerca de 500 terrenos sólo en Ixtaczoquitlán y Rafael Delgado, contaminaría nacimientos de agua, afectaría las áreas naturales mencionadas y a 4 mil 800 especies de flora y fauna; pero es una promesa del Presidente.