Integran Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Veracruz

XALAPA, Ver., 4 de marzo de 2016.- A fin de integrar la perspectiva de los diferentes sectores de la sociedad a la estrategia contra la delincuencia, integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública rindieron protesta en las instalaciones del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) de Veracruz, para trabajar de manera conjunta en el análisis y seguimiento de la estrategia contra la delincuencia en la entidad.

Su instalación se fundamenta en la Ley 310 del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz en sus artículos 286 al 295, donde se determina que dicho cuerpo colegiado impulsará las acciones necesarias en materia de seguridad, prevención social del delito y participación ciudadana, debiendo coadyuvar con las autoridades en beneficio de la comunidad.

Ante representantes de la Secretaría de Gobierno (Segob), Fiscalía General del Estado (FGE), ayuntamientos de Xalapa y Veracruz, así como del diputado presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Pública del Congreso del Estado e integrantes del CESP, el nuevo organismo tuvo su primera reunión en la que abordó asuntos generales de su instauración y funcionamiento.

Los consejeros ciudadanos de este organismo acordaron nombrar a Ana Ruth Ferrer Rivera como su presidenta para el primer periodo; el CESP ofreció sus instalaciones y apoyo irrestricto para contar con la información que requieran y para que una vez que acuerden la periodicidad de sus reuniones las efectúen en sus instalaciones, en las fechas y horario que determinen.

Los representantes de la sociedad civil que conforman este Consejo son: Ana Ruth Ferrer Rivera, Antonio Limón Cházaro, Álvaro Belín Andrade, Enrique Acosta Libreros, Carlos Toss Escobar y Andrés Beceiro López, ciudadanos representativos de diversas áreas ciudadanas.

Entre sus funciones, marcadas en el artículo 295 de Ley 310, se encuentran ser un órgano de consulta, análisis y opinión, en materia de seguridad pública; establecer vinculación con organizaciones del sector social y privado, que desarrollen actividades relacionadas con la materia de seguridad pública; emitir opiniones y sugerencias para la elaboración del programa de seguridad; así como formular recomendaciones, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, estrategias y acciones instrumentadas por la Administración Pública del Estado.