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XALAPA, Ver., 05 de febrero de 2016.- La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, informó que ya presentó dos denuncias penales contra quien resulte responsable por el adeudo de dos mil 76 millones de pesos por subsidios federales y estatales.
La rectora ofreció una conferencia de prensa después de la que también presentaron los secretarios de Gobierno, Flavino Ríos, y de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín, para anunciar que la UV le debe a gobierno más de tres mil millones de pesos por el tema de pensiones y de Impuesto a la nómina, y que a su vez, ellos también podrían demandar a la máxima casa de estudios del estado.
La rectora dijo que la primera denuncia se realizó ante la Coordinación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE) por el probable delito de corrupción, por un monto de mil 625 millones de pesos, y la segunda, ante la Agencia del Ministerio Público de la Federación por la no entrega de 452 millones de pesos.
Sobre ambas denuncias, el representante legal de la UV explicó que están en contra de quienes resulten responsables, y determinarlo es una “obligación que les corresponde a las fiscalías, analizando la relación de los hechos que nosotros planteamos en los documentos”.
Además, expuso que la máxima casa de estudios promovió un amparo contra la reducción en su presupuesto para el ejercicio del 2016, que asciende a 172 millones 265 mil pesos; “es un amparo por inconstitucionalidad de leyes”.
Dijo que este planteamiento se funda “en que el derecho humano al acceso a la educación superior no puede disminuirse bajo ningún concepto, y está previsto en la Ley Federal de la Educación; la reducción que hace el Congreso en el decreto que se impugna es la inconstitucionalidad frente el derecho humano de la educación, lo que nos permite confrontar que el decreto frente al Artículo Primero de la Constitución resulta ser contrario”.
En el caso del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) contra UV, consideró que “se tendría que hacer un planteamiento de las acciones legales que pueden ejercitar, no tengo a la mano lo que podrían ejercitar; nosotros tenemos el deber de hacer el planteamiento defensivo”.
Recordó que el 2 de febrero presentaron la denuncia ante la fiscalía especializada, y en este momento el coordinador de la fiscalía de investigaciones de hechos o delitos cometidos por servidores públicos no la ha turnado al fiscal, “no hemos avanzado”.
Agregó que ese mismo día presentaron la denuncia ante el Ministerio Público Federal y al día siguiente les dieron sello de recibido “y ayer jueves avanzamos en su ratificación, tenemos número de averiguación previa”.
Explicó que como se trata de trata de integración de investigaciones ministeriales donde se solicita información a todas las partes involucradas, la legislación local y federal establecen hasta 180 días para integrar una averiguación previa.