No hay base jurídica o moral para cobrar estacionamiento en plazas

XALAPA, Ver., 29 de diciembre de 2015.- Tras el comentario de algunos empresarios que buscarán ampararse contra el decreto 612 publicado en la Gaceta Oficial del Estado, el cual prohíbe el cobro en estacionamientos de plazas comerciales, el diputado local Jesús Vázquez González indicó que no tienen recursos jurídicos ni morales para continuar con este cobro a los usuarios.

“No hay argumentos, no quiero ser grosero, ni entrar en polémica, pero no hay recursos jurídicos ni morales para seguir sosteniendo el cobro”.

Entrevistado para Conexión Veracruz, apuntó que durante años los dueños de centros comerciales cobraron injustamente un servicio a los consumidores que acudían a dichos lugares para efectuar pagos o compras. Incluso, a pesar de pagar para dejar sus vehículos en los estacionamientos de las plazas, si éstos sufrían algún daño, los empresarios no se hacían responsables.

Señaló que los administradores de los centros comerciales deben dejar de cobrar el servicio de estacionamiento tal como lo establece el decreto 612, pues de no acatarlo incurrirían en ilegalidad toda vez que se trata de una ley estatal.

Enfatizó que no se trata de una reforma constitucional, sino un decreto del marco jurídico veracruzano. Es por ello, que ahora toca turno a los municipios para aplicar correctamente la norma, por lo que sus departamentos jurídicos deben trabajar para supervisar que se cumpla y sancionar a quien no lo haga.

Exhortó a los usuarios para acudir a las oficinas de comercio municipales y a la Profeco, en caso de que les hayan querido cobrar y aseveró que en ningún momento les pueden retener el vehículo en caso de no pagar, pues sería una irregularidad.

Recordó que Veracruz es el segundo estado en aplicar esta norma, ya que el primero fue San Luis Potosí.

Asimismo, explicó que en caso de que los empresarios sigan la ruta del amparo podrían irse a una controversia constitucional ante los tribunales federales que ya dieron su visto bueno a la iniciativa, e incluso podría ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que definiría la situación.