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MÉXICO, DF., 27 de noviembre de 2015.- Un día después de que se cumplieron dos meses de la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, una de las crisis más graves que ha enfrentado el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, fue presentado un decálogo de acciones para “mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho” en el país, sin embargo a un año del anuncio, no se ha concretado casi nada.
De las medidas anunciadas por el ejecutivo federal en Palacio Nacional, en el Zócalo capitalino, siete de ellas fueron en materia de seguridad pública y procuración y administración de justicia, los primeros intentos llegaron al Senado de la República en un paquete de iniciativas para crear la comisión Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las autoridades municipales, para redefinir la competencia de cada autoridad en el combate al delito y la creación de policías únicas estatales.
Estas iniciativas contemplan que el gobierno federal pueda tomar el control de la seguridad en los municipios cuando existan indicios de que la autoridad municipal está coludida con el crimen organizado y crear policías estatales “más confiables, profesionales y eficaces” que sustituyan a “más de mil 800 policías municipales débiles”, sin embargo un año después siguen detenidas “discutiéndose” en la Cámara de origen.
Además el presidente de la República anunció un número nacional para emergencias: el 911, apenas el pasado 11 de noviembre el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), emitió los lineamientos para que los actuales teléfonos de atención como 060 (Policía Local), 061 (Policía Judicial Estatal y del D.F.), 065 (Cruz Roja), 066 (Sistema Nacional de Atención de Emergencias de la Ciudadanía), 068 (Bomberos) y 080 (Seguridad y Emergencia) autorizados migren al nuevo número, pero todavía no está listo.
Información en Quadratín México.