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XALAPA, Ver., 6 de noviembre de 2015.- El 2 de enero de 2015, cerca de las 7:30 de la noche, un grupo de personas armadas “levantó” a Moisés Sánchez Cerezo de su domicilio en la colonia Gilberto Rosas, de la comunidad de El Tejar, en Medellín de Bravo.
Su hijo, Jorge Sánchez Ordóñez, denunció su desaparición forzada y aseguró que su padre había sufrido amenazas por su labor informativa, la cual combinaba con su trabajo como taxista. Moisés había publicado en su blog, «La Unión de Medellín», la ejecución de un comerciante de verduras y dos personas baleadas en la misma fecha, lo que incluso derivó en la creación de un grupo vecinal de autodefensas.
No fue hasta el 30 de enero cuando uno los siete hermanos del periodista, Carlos Sánchez Cerezo, confirmó que Moisés estaba muerto y que la Fiscalía General del Estado (FGE) había hallado sus restos en el municipio de Manlio Fabio Altamirano: “yo mismo fui a ver el cuerpo allá en Xalapa, vi su cuerpo, su quijada, estaba irreconocible pero vi manos, uñas, los dedos, huellas dactilares que ya nos mostraron”.
En medio de denuncias por amenazas, con “camionetas sospechosas” afuera de su humilde hogar, el 6 de febrero Sánchez Cerezo fue sepultado en el Panteón Particular de Veracruz. La caravana de vecinos, periodistas e integrantes de la Iglesia Evangélica fue resguardada por cinco patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Entre aplausos y porras, sus siete hermanos, su esposa y su hijo, cargaron el féretro a su última morada. Cerca de las 5:30 de la tarde, la tierra empezó a caer sobre su ataúd; sin embargo, ni esa tierra sopesó el pesar que la familia vivió antes y después de su asesinato.
Tres de los supuestos implicados en su homicidio ya estaban tras las rejas desde el 25 de enero: El primero, Clemente Noé Rodríguez Martínez, agente policiaco adscrito al ayuntamiento de Medellín y escolta del presidente municipal, Omar Cruz Reyes, confesó su autoría en el homicidio del comunicador: el subdirector de la policía municipal, Martín López Meneses, le había pedido asesinar a Moisés porque así lo ordenó el alcalde.
Declaró que, con la ayuda de «El Harry», «El Chelo», «El Piolín”, “El Moi” y “El Olmos” (también ex miembro de la desaparecida Policía Intermunicipal), lo sacaron de su casa, lo degollaron y mutilaron para ocultarlo en bolsas de plástico.
Los otros dos detenidos eran los motopatrulleros José Francisco Rodríguez García y Luigi Heriberto Bonilla Zavaleta. Ellos se limitaron a declarar que acudieron a un llamado de auxilio en la casa del periodista, pero él ya no estaba allí.
El 5 de febrero, el chofer y escolta del alcalde, Martín López, fue ingresado al Cereso Duport Ostión. Este 4 de noviembre, fue liberado después de ganar el amparo interpuesto por su abogado, Sergio Vaca Betancourt, quien arguyó que la defensa fue legítima y las inconsistencias llevaron a la liberación.
No obstante, el fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, aclaró que el hecho de que López Meneses estuviera fuera de la cárcel “no implica un revés, pues no representa en ningún modo una sentencia absolutoria”.
Explicó que en contrasentido, al probable autor material, Clemente Noé Rodríguez Martínez le fue negado el amparo, entre otras cosas, “porque las pruebas en que se funda la formal prisión en su contra resultaron aptas, legales y suficientes.
López Meneses dejó la cárcel gracias su abogado Sergio Vaca, el mismo que defiende gratuitamente a los dos motopatrulleros, aún en prisión, y al alcalde de Medellín, prófugo de la justicia y desaforado por el Congreso local desde el 26 de marzo.
Este viernes 6 de noviembre recibiría la resolución del amparo federal que interpuso en contra de dicho desafuero. De resultar favorecido, volvería a la presidencia, pues a decir del litigante, “el desafuero ese mafufo que aprobaron, aquí dice que de probarse su inocencia, deberá de regresar a cumplir su mandato”.
Omar Cruz continúa prófugo de la justicia y ni su abogado sabe dónde está, “y si lo supiera, no te lo diría”.
De «El Harry», «El Chelo», «El Piolín”, “El Moi” y “El Olmos”, nada se sabe; no existen ni retratos hablados de sus rostros, pues la fotos del expediente las “extravió” la directora de investigaciones, Rosario Zamora González.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) brindó asesoría y acompañamiento a la familia del reportero luego de que ésta interpusiera una queja por lo que emitió medidas cautelares dirigidas a la Secretaría de Gobierno (Segob), la Fiscalía y SSP.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) no atrajo el caso de Sánchez Cerezo porque “su principal actividad era la de taxista y no el periodismo”, el cual hacía “de manera esporádica”.
Entre los testimonios que empleó para descartar el caso también está la declaración ministerial de Clemente Noé Rodríguez, quien se refiere a Moisés en su confesión como “un taxista de la localidad”.
En la casa de Moisés, su hijo tomó las riendas, continúa con el legado de su padre: denunciar la corrupción y clamar justicia.