Reestructuración de la deuda legal, pero ilegítima: académica

XALAPA, Ver., 23 de octubre de 2015.- La declaración de la Secretaría de Finanzas acerca de que la propuesta de reestructuración de la deuda es legal, es parcialmente cierta, sin embargo carece de legitimidad, señaló Beatriz Lira Rocas, académica de la Universidad Veracruzana.

En Conexión Veracruz, indicó que la medida es ilegítima porque compromete fondos federales y estatal, bajo la premisa de pagar deuda, lo que significa en términos simples diversificar la deuda, de tal manera que habrá deuda financiera y una deuda en materia de obra pública, lo cual será deberle a la ciudadanía acciones concretas para cubrir objetivos planteados.

“No es posible que a casi 5 años de gestión del gobierno estatal, estén utilizando y comprometiendo, aunque sea sólo el 25 por ciento, fondos federales y estatales para amortizar una deuda que ellos mismos dicen que les fue heredada, ¿cómo es posible que no se dieron cuenta antes de esa deuda? Esto le quita mucha legitimidad a las acciones”.

Desde su perspectiva no se debe utilizar el fondo destinado para el fortalecimiento de las entidades federativas a pagar pasivos, pues el mismo nombre remite a una función que no se cumplirá. Dicho fondo es para infraestructura social, algo que requiere Veracruz ya que no es competitivo en este sentido, además de que se comprometen las acciones concretas que el estado debe llevar a cabo para que las condiciones de vida de la población mejoren, dijo Lira Rocas.

Asimismo, insistió en que lo recaudado por el Impuesto sobre las Erogaciones de Remuneraciones por el Trabajo Personal, está claramente destinados a la construcción de obra pública encaminada al fortalecimiento de la entidad, pero con la reestructuración, dicha recaudación está comprometida a priori para pagar una deuda heredada.

“Qué se hizo con esos recursos públicos, ¿qué nos llevó este nivel de deuda? El estado tiene la obligación de decirle a sus ciudadanos qué nos puso en esta circunstancia y el legislativo tiene la obligación de pedir esa información”.