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XALAPA, Ver., 15 de octubre de 2015.- Desde hace más de una década se ha planteado la necesidad de encontrar mecanismos que permitan satisfacer las diversas “necesidades” de los familiares de personas desaparecidas, afirmó el especialista en derechos humanos, Luis González Placencia.
En entrevista para Conexión Veracruz, explicó que la Ley de Desaparición Forzada debe tener un concepto integral, pues las familias se enfrentan con una serie de situaciones complejas que complican aún más su entorno, y son diversos los efectos de la revictimización alrededor de sus casos.
“Las familias no pueden cobrar los seguros o las pensiones porque su familiar está oficialmente vivo, es decir, no hay un acta de defunción”.
Aun y cuando en la reciente reforma constitucional se plantea la necesidad de legislar en materia de tortura y desaparición forzada, las dos son leyes que aún no se concretan y derivado de ello es el justo reclamo de las familias quienes dicen: “ya no me digan más qué es lo que debe hacerse, hagámoslo”.
El ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), dijo que uno de los grandes pendientes en la política es la estrategia de búsqueda, “no hay protocolos, no hay mecanismos que orienten; los hallazgos que se han hecho han obedecido a casualidades”.
González Placencia dijo que en nuestro país se viven dos escenarios catastróficos y graves, por un lado, personas de las que no se sabe su paradero y por otro, miles de cuerpos hallados en fosas sin identificar, que son “los otros desaparecidos”.
Explicó que cuando se haya un cuerpo, no se cuenta con los protocolos adecuados para identificarlo adecuadamente y “casi siempre está la tentación de incinerarlos y en esos casos la autoridad comete un delito al deshacerse de un cuerpo sin haberlo identificado, en el contexto de una investigación, corresponde a un delito”.
Pero como hay tantos –desaparecidos- desafortunadamente, se volvió un recurso llevarlos a las fosas comunes o los crematorios, explicó el especialista.