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MÉXICO, DF, 17 de septiembre de 2015.- Como parte de su mandato de promoción de la observancia y la defensa de los derechos humanos en América, y de acuerdo con el artículo 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una visita a México del 28 de septiembre al 2 de octubre.
En un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob) federal informó que la visita de la CIDH permitirá fortalecer el diálogo con las autoridades competentes, tanto federales como locales, no sólo en lo que toca a desarrollos relevantes en derechos humanos, sino también para la efectiva atención a casos individuales que se encuentran en trámite ante el órgano interamericano.
Además, la CIDH sostendrá encuentros con legisladores, funcionarios judiciales, órganos autónomos de derechos humanos, así como con organizaciones de la sociedad civil.
La visita de la comisión se da en un importante contexto de transformación de la CIDH, que se ha enfocado sobre todo a dotarla de una mayor eficiencia en el tratamiento de asuntos sobre posibles violaciones de derechos humanos, en aras de asegurar a las víctimas una reparación integral acorde con estándares internacionales.
Debe mencionar que México ha sido uno de los principales promotores del fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, lo que lo llevó a presidir un importante esfuerzo en el seno de la OEA que resultó, entre otros, en reformas al Reglamento de la Comisión, adoptadas en 2013 y orientadas a dotarla de la eficacia y transparencia necesarias para atender los retos en materia de derechos humanos en el continente americano.
El arribo de la comisión también permitirá que cumpla con su mandato de promocionar los derechos humanos en el continente, además será una oportunidad para profundizar el diálogo para la atención y resolución de peticiones individuales pendientes que, en algunos casos, se encuentran en trámite ante la CIDH desde la década de los noventa.
Esto en atención a la prioridad y deber del estado de asegurar a víctimas de violaciones a derechos humanos una reparación efectiva y acorde con la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados relevantes.