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POZA RICA, Ver., 4 de agosto de 2015.-Con la entrada en vigor desde este martes de la Nueva Ley del Notariado para el Estado de Veracruz, se contemplan mayores medidas de transparencia y certidumbre a las disposiciones jurídicas a la hora de realizar actos en los que tenga que intervenir la fe pública, aseveró el notario público 7 y delegado del Colegio de Notarios del Estado en la circunscripción de Poza Rica, Ramsés Capitanachi López.
Manifestó que entre las nuevas disposiciones contempladas se destacan la de reforzar las acciones para evitar actos de lavado de dinero, que es “el uso de dinero de procedencia ilegítima en actos que son legales y que al final de cuentas va a producir un dinero para alguien que no lo merece, pero que lo recibe y como ya va legal, lo puede disfrutar”.
Aseveró que el gobierno del estado, en atención a los convenios internacionales que ha tenido con la federación, estableció la Ley Contra el Lavado de Dinero hace dos años, lo que ha obligado a establecer mayores controles.
Ejemplificó que en cuestiones de compra-venta sólo se podrán hacer en efectivo las que no superen los 500 mil pesos, pues después de esa cifra tendrán que hacerlo mediante transferencia, cheque de caja, nominativo y certificado; es decir, “el gobierno quiere saber de dónde viene el dinero y hacia dónde se está destinando”.
Ramsés Capitanachi agregó que estas condiciones se agudizan en las sociedades mercantiles, por lo que corresponde a la Nueva Ley de Notariado establecer más medidas de transparencia en los actos notariales, en lo que en mucho tendrá que ver la participación de los usuarios, pues ahora “se le van a pedir documentos que antes no se le pedían”, y no será suficiente con el hecho de que el notario conozca al usuario, como se aplicaba anteriormente, sino que además deberá contar con una copia de la identificación y documentación certificada.
Reconoció el interés del Gobierno de Veracruz por modernizar el marco legal a través del cual se desempeñan los 308 notarios del estado, además indicó que no se ha previsto un incremento en los costos por los servicios que prestan; no obstante, reconoció que en un lapso de seis meses se definirá un nuevo arancel, es decir, un tabulador para los precios que garanticen sus correspondientes pagos de servicios sin un exceso en los mismos.