Marko Cortés evidenció que posiciones del PAN se las reparte la cúpula
XALAPA, Ver., 22 de julio de 2015.- La política de seguridad nacional que mantiene a los elementos del Ejército en las calles realizando labores policiales es irresponsable, pues aunque fue una institución muy prestigiada en México durante muchos años, actualmente está siendo cuestionada por no hacer el trabajo que le corresponde, advirtió el director ejecutivo de Amnistía Internacional México, doctor Perseo Quiroz.
En entrevista telefónica para Conexión Veracruz, recordó que actualmente el Ejército está siendo muy cuestionado porque ha habido mucha impunidad en los casos en los que los elementos han violado los derechos humanos, empañando la imagen de la institución.
“Nos parece que los hechos que sucedieron en Ostula y en Zacatecas no son hechos que se dan en un vacío sino que responden a una estrategia de seguridad que está privilegiando la mano dura; es decir, usted dispare y luego pregunta”.
A decir del experto en políticas públicas de derechos humanos, se usa la fuerza de una manera que no es conforme a los protocolos internacionales, en los que se menciona que tendría que usarse de manera excepcional; es decir, como última opción; de forma proporcional, equivalente al grado de amenaza que se pretenda repeler, y en un grado racional; o sea, una vez que esta fuerza es utilizada, no tiene que seguirse usando.
Contrario a lo que se piensa, dijo que la sociedad civil no tiene la intención de demeritar el trabajo que hacen las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley, en especial el Ejército, sino al contrario, se hace un llamado a la justicia y la democracia.
“No hay ninguna campaña de desprestigio sino un llamado de que el país exista justicia. La imagen del Ejército que ha sido empaña el últimas fechas se va a limpiar haciendo justicia y con la transparencia, y no en la opacidad”.
Consideró que en una democracia lo que se privilegia es la transparencia y la rendición de cuentas, elementos con los que se desempañaría la imagen del Ejército si el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el Gabinete de Seguridad, reformulan su política al respecto.