Denuncian a 400 Pueblos por despojo en Álamo; amenazan con desnudarse

POZA RICA, Ver., 20 de julio de 2015.- Habitantes del municipio de Álamo denunciaron que las autoridades estatales no los han ayudado para solucionar el conflicto legal que han enfrentado desde hace ocho años, luego de que César del Ángel Arroyo, y su organización Los 400 Pueblos, los despojaron de por lo menos 800 hectáreas; advirtieron que están dispuestos a desnudarse si las autoridades no les hacen caso.

Un promedio de 84 familias fueron desalojadas de las comunidades El Guayabo y Nuevo Álamo, describió Damián Cuervo Méndez, uno de los afectados, quien inclusive ha llegado a ser detenido por elementos de seguridad cuando intenta realizar alguna acción de protesta.

“Nos venimos a Poza Rica porque en la región de Álamo no nos hacen caso”, señaló el quejoso, quien acusó al diputado local Marco Antonio del Ángel Arroyo de bloquear todos los trámites o gestiones para que su denuncia no avance.

“Las autoridades no hacen nada, las autoridades se prestan a esto que hacen Los 400 Pueblos, lo permiten las autoridades, no sé qué va a pasar, llevamos varios años viviendo en la calle”.

Acusó que tanto al dirigente Cesar del Ángel como al diputado Antonio del Ángel “les permiten que se encueren muchachas jóvenes y no le hacen nada”.

Describió que originalmente eran 84 familias las que fueron desalojadas de los terrenos donados durante el gobierno de Dante Delgado Rannauro y la Secretaría de la Reforma Agraria, pero que algunos de sus compañeros ya fallecieron a consecuencia de los golpes en el desalojo, “hay un compañero que le hicieron un tumor de los garrotazos, yo por aquí traigo marcas y ya fallecieron como tres o cuatro compañeros a raíz del despojo”.

Los inconformes fueron atendidos por el titular de la oficina de la Subsecretaría de Gobierno, Andrés Ortíz Solís, quien señaló que ésta es una problemática que debe de atenderse de forma legal y que el caso, con expediente 742/2012, actualmente es observado por un juez federal, lo cual tardará tres meses para reintegrarlo a tribunales estatales; sin embargo, de nueva cuenta serán canalizados a la capital del estado.