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XALAPA, Ver., 23 de junio de 2015.- Esta misma semana la Fiscalía General del Estado (FGE) podría iniciar el procedimiento de investigación penal contra los ex servidores públicos que por omisión o dolo incumplieron con el proceso de solventación observado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Esto tras la notificación que emitió el contralor General del Estado, Ricardo García Guzmán, al detectar, a su consideración, acciones que derivan en la tipificación de un delito y en caso de que la acción penal rebase una sanción administrativa, aseveró el fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras.
Dijo que “se hará un barrido importante de servidores públicos que han violentado los marcos legales” y aseguró que la sanción máxima por parte de la Contraloría General del Estado alcanzaría la inhabilitación en funciones del servicio público por varios años.
“El castigo se aplicará, y es que ya sea por dolo o por negligencia se ha denostado al gobierno y eso es lo que el gobernador Javier Duarte de Ochoa no tolerará, y en ese aspecto se forjará la investigación”, explicó Bravo Conteras, quien recordó que en cada ejercicio fiscal la ASF audita a los estados sobre los rubros que corresponda.
“En parte de estos rubros, lo que la federación dictamina, las observaciones o las irregularidades que detecta son con base a la información que las dependencias estatales le envían; aquí en el flujo de información que estuvo compartiendo Veracruz a la ASF no se entregó toda la documentación existente sobre los casos, lo que derivó que al no tener solventado algunos rubros se procedió a presentar unas denuncias de hechos ante la PGR”.
Comentó que “de esta información que nos manda la PGR hay un documento que consigna que quien debe darle seguimiento a los temas es la Contraloría General del Estado porque es el ente que fiscaliza todas las dependencias”.
Explicó que “cuando la FGE recibe de la PGR las denuncias de los hechos que son competencia de Veracruz, lo que el Ministerio Público hace es que a la Contraloría General del Estado le pide en relación a estos hechos qué tiene, y una vez que se hace el análisis del Contralor General, él me responde que de esos hechos que tiene es esto, eso y aquello y me complementa incluso con oficios de la Secretaría de Salud, de la SEV, con oficios donde ya están los saldos en ceros, es decir, están solventadas las cuentas y en consecuencia yo no tengo delito que investigar”.
Bravo Contreras sostuvo que al no hacer llegar puntualmente la información y comprobación de los saldos que no estaban puntuales se generó un alto costo para el estado.
“Como lo ha dicho el Gobernador, el estado fue denostado, todo esto previo a las elecciones del 7 de junio y obedeció a irresponsabilidad y omisiones por parte de funcionarios que por negligencia o dolo no enviaron la información a la ASF y estos tendrán su castigo”, finalizó.