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XALAPA, Ver., 17 de junio de 2015.- La institución no tenía viabilidad financiara, por lo cual se requirió una reforma urgente del sistema pensionario, pues de no hacerlo traería una descapitalización y no se podrían pagar la pensiones, lo cual además afectaría la educación, aseguró Silvia Reséndiz Molar, jefa del Banco de Datos del Instituto de Pensiones del Estado (IPE).
En entrevista para el programa Opinión Pública, el doctor en Derecho Público, investigador de la UV y ex director de la Facultad de Derecho, Manlio Fabio Casarín León, y Silvia Reséndiz Molar, compartieron su punto de vista respecto de los cuatro artículos de la nueva ley del IPE que, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), violentan los derechos fundamentales
Al respecto, Casarín León indicó que “en 1996 se hizo también una reforma que permitió la viabilidad durante tres años del instituto, “luego de esto volvió la situación deficitaria”.
Asimismo manifestó que dicha situación se vuelve aún más compleja debido a que a nivel nacional hay más de 100 sistemas de pensiones.
En ese sentido refirió que una de las enfermedades de carácter silencioso en el mundo es el tema de las pensiones. Esto se vincula, dijo, a una serie de factores que tienen que ver con que la sociedad y la dinámica en el mundo han cambiado. Por ejemplo, el factor demográfico, la expectativa de vida en materia de salud, lo cual merma la prosperidad de la economías”.
Por su parte, Reséndiz Molar indicó que para dicha reforma fue necesario llevar a cabo diferentes ejercicios con los consejeros para tomar esta decisión. Destacó que, en relación con el artículo 19, que habla de gravar con 12% el salario de los pensionados, el gravamen se da sobre el excedente de tres salarios mínimos. “Si se otorga una pensión de 10 mil pesos, y tres salarios mínimos son 6,300, a los 10 mil se les descuenta los 6,300 y nos da 3,700, sobre este último monto se hace el descuento”.
En tanto, el investigador de la UV explicó que “es muy importante que se vayan haciendo los ajustes necesarios en la propia ley, pues lo que se ve es una posible quiebra del IPE, razón por la cual el legislador debe tener todos los elementos y valores de la colectividad, porque no podemos que los derechos de carácter prestacional sean prerrogativas dejadas al arbitrio del propio juzgador”.