Punto de Vista

Los efectos de la crisis

“Mañana me traigo diez camiones con gente de mi pueblo”, amagó un Presidente Municipal que era testigo del plantón de habitantes de Coscomatepec frente a la sede de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Fue una movilización más para reclamar a las autoridades estatales el cumplimiento de compromisos. Eran habitantes de las comunidades Maquilixhuatla, Cerritos y Xaltenango, quienes reclamaban la conclusión de un puente que está en proceso de reconstrucción, luego de que en 2011 una crecida del río lo destruyó.

La obra está a medias y los reportes que ellos tienen es que “no hay dinero para concluirlo”.
Primero acudieron a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y de ahí se trasladaron a la de Finanzas, para reiterar su demanda.

Y es que ya son varias las organizaciones que han encontrado que, al menos en estos momentos en los que predomina el tema electoral, hacer presión en la vía pública arroja dividendos.
Tienen el ejemplo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que con su presión consiguió que el Gobierno Federal suspendiera los procedimientos de evaluación del personal docente, algo que está contemplado en la Constitución.

En la administración estatal están también muy sensibles frente a los reclamos de grupos organizados y saben que de aquí al domingo se darán más movilizaciones.

Baste hacer notar lo que dio a conocer este martes el presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera: Unas 12 mil empresas proveedoras de gobiernos municipales y estatales enfrentan problemas de liquidez y están en riesgo de quiebra, por retrasos en los pagos.

El dirigente empresarial denunció que los gobiernos locales deben alrededor de 100 mil millones de pesos a sus proveedores y destacó como los de mayor rezago, a los estados de Sonora, Nuevo León, Coahuila, Michoacán, Veracruz y Tamaulipas.

El retraso en el pago a proveedores se suma a otras circunstancias de carácter financiero que hacen compleja la operación de los gobiernos estatales.

Los presidentes municipales ya no se quedan callados, reclaman el pago oportuno y justo de sus participaciones federales. Los estudiantes de excelencia protestan por al retraso en el pago de sus becas.

La burocracia también protesta porque el gobierno estatal ha dejado de cubrir compromisos que sus empleados hicieron con empresas particulares, mediante el mecanismo de retenerles de su salario los abonos correspondientes, abonos que no se han reflejado en las empresas acreedoras.
Se trata, pues de problemáticas muy diversas pero que tienen un factor en común: la falta de liquidez. Un panorama que ya se avizoraba, pero que está resultando más severo de lo que preveían los especialistas.

Apenas el pasado fin de semana la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó que durante los primeros cuatro meses del año, los ingresos petroleros se ubicaron en 233 mil 600 millones de pesos, cifra 43.7 por ciento inferior en términos reales a la registrada en el mismo periodo del año anterior.

Esa caída es resultado del menor precio promedio de exportación de la mezcla mexicana de petróleo (46.9 dólares por barril comparado con 92.3 dólares durante el mismo periodo de 2014); por la menor producción de petróleo en 7.4% respecto al año anterior, así como por el menor precio del gas natural en 28.4% respecto al mismo lapso de 2014.

Las condiciones son realmente complicadas, lo que obligará a los gobiernos estatales a ser más severos en la restricción del gasto público.

Una férrea disciplina financiera es lo único que los puede sacar del atolladero.

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