Punto de Vista

¿Deben, o no deben ser evaluados los maestros?

Es un debate que se suponía superado en gran parte del país, pero que los miembros de la llamada “Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación” (CNTE) han mantenido como motivo de sus protestas.

El activismo de esta organización llegó al extremo de poner en jaque a las autoridades federales, al anunciar que boicotearían las elecciones en al menos 11 entidades del país. Un día después de que lanzaran esta amenaza, la SEP anunció la suspensión de las evaluaciones de manera indefinida, lo que ha provocado severas reacciones en contra de la medida, al grado que la propia Secretaría de Educación decidió retirar de su portal de internet el comunicado en el que se anunciaba la suspensión.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) fue el primero en reaccionar e hizo un llamado al gobierno de la República a dejar sin efectos la resolución de la SEP.

El organismo evaluador explicó que la decisión de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente atenta contra el Artículo Tercero de la Constitución y no garantiza la calidad de la educación.

“El INEE ha revisado y aprobado todos los elementos que son necesarios para la realización adecuada de los procesos de ingreso, promoción y permanencia del Servicio Profesional Docente, por lo que no tiene fundamento la razón esgrimida por la SEP como causa de la suspensión a la que alude el comunicado referido», expuso el órgano evaluador.

Además advierte que no existen los lineamientos suficientes para que la prueba sea suspendida y más aún, que invade la autonomía del INEE.

¿Por qué la CNTE se opone a la evaluación? ¿Cuáles son sus argumentos?

Los miembros de la Coordinadora han sido los más inconformes con la reforma educativa. Ellos dicen estar dispuestos a ser evaluados, aunque se oponen a que la evaluación implique que puedan ser sancionados con la pérdida de sus plazas.

Dirigentes de la CNTE argumentan que las autoridades mexicanas buscan aplicar las mismas pruebas a todo el magisterio, lo que desde su punto de vista es “punitivo” porque no toma en cuenta los diferentes contextos regionales, económicos y sociales en los que dan clases los docentes del país.

Por ello, exigen al Congreso que modifique la Ley del Servicio Profesional Docente para que la permanencia de un profesor en el cargo no dependa de la evaluación y ésta sea diferenciada en lugar de basarse en exámenes estandarizados.

El INEE, por su parte, ha respondido que las pruebas estandarizadas son herramientas importantes para garantizar que puedan ser comparados los resultados de las evaluaciones, aclara que ese es uno de entre varios instrumentos para la evaluación.

Explica que, además del examen de conocimientos de la disciplina o materia que se imparte así como el de conocimientos pedagógicos, se considera fundamental la observación de su clase, es decir, la valoración de la manera como se desempeña en el aula. También se toma en cuenta la valoración de los padres de familia y del director así como una autoevaluación conforme a ciertos parámetros, de tal manera que todos estos elementos permitan tener una visión más objetiva del desempeño docente.

A pesar de que todas estas reformas ya fueron aprobadas y entraron en vigor en enero del presente año, la oposición de las secciones adheridas a la CNTE ha provocado que haya estados “de excepción”, en los que no se han logrado aterrizar las modificaciones en materia educativa, como en Oaxaca, Guerrero y Michoacán.

La decisión de suspender la aplicación de exámenes de evaluación a los maestros tiene un trasfondo político. El Gobierno Federal está tratando de evitar que esta movilización de la disidencia magisterial eche a perder el proceso electoral del próximo 7 de junio, de manera que ha decidido establecer una tregua y entrar de lleno a la atención de estos temas una vez que hayan pasado las elecciones.

¿Deben ser evaluados los maestros?

¡Por supuesto que sí!

Y también las autoridades educativas del país.

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