Sanciones a menores deben incluir principio de mínima intervención: Namiko

XALAPA, Ver., 27 de mayo de 2015.- El cuerpo normativo que protege a los menores establece medidas especiales para niños responsables de infringir leyes, en principio conciliar la gravedad del hecho cometido con la reacción punitiva y elegir entre todas aquellas sanciones aplicables la que respete el principio de mínima intervención, explicó la investigadora y docente de la Universidad Veracruzana (UV), Namiko Matzumoto.

Entrevistada en Conexión Veracruz, indicó que los organismos protectores de derechos humanos han señalado que las condiciones en que participan los niños en un proceso penal no son las mismas en las que lo hace un adulto, por lo que es indispensable reconocer y respetar estas diferencias de trato.

Subrayó que es necesario conciliar dos realidades respecto de menores infractores: reconocer que han dejado de ser vistos como objetos de tutela para ser sujetos de derecho, y aceptar su capacidad racional y autonomía.

Por ello, insistió, el reto está en comprender que hay que armonizar el reconocimiento racional del menor y su autonomía con el cúmulo de derechos que la normativa internacional e interna señala para ellos.

Namiko Matzumoto recordó que México tiene una normativa específica de protección de niños, niñas y adolescentes y ha firmado la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que conforman el cuerpo jurídico universal.

Mencionó que el país también signó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece deberes específicos del estado y la familia; “cada uno debe asumir sus responsabilidades, el estado generando y aplicando la normativa, y la familia dotándolos de herramientas necesarias para que enfrenten la vida sin trastornos, sin situaciones que los lleven a delinquir”; la sociedad también debe aportar para generar un desarrollo armónico de la niñez, dijo.

Para finalizar consideró que el abordaje de este tema requiere la intervención de muchos factores para generar las condiciones que impacten positivamente en el desarrollo de los menores y esto se vea reflejado en una disminución de situaciones que vulneren otros bienes jurídicos también tutelados y de importancia para la ley penal.