Reconoce TSJ que salas de juicios orales no cubren requisitos de Setec

XALAPA, Ver., 13 de mayo de 2015.- Existen salas de juicios orales que no cubren los requisitos de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), pero “sí sirven” para echar a andar al Nuevo Sistema de Justicia Penal en Veracruz, reconoció el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Alberto Sosa Hernández.

La Setec es un organismo desconcentrado del Gobierno de la República que apoya y se coordina con autoridades federales y estatales para impulsar la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, y que además certifica.

Este martes, seis distritos judiciales más se integraron al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Adversarial y Oral. A las cero horas, entraron en vigor los juicios orales en Poza Rica, Papantla, Misantla, Orizaba, Huatusco y Zongolica; y la falta de presupuesto para la construcción de salas de juicios orales provocó la habilitación de espacios y el arrendamiento de otros.

“Alquilamos inmuebles en los distritos de Orizaba y Huatusco, y ya estamos listos para funcionar; pero en Poza Rica, Papantla, Misantla y Zongolica, tenemos salas, son pequeñas, no tienen las condiciones que tiene la Setec, pero sí sirven para que echemos a andar este Nuevo Sistema de Justicia Penal, y nos van a servir hasta que nosotros tengamos una situación distinta, reconoció Sosa Hernández.

Recordó que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz previó recursos necesarios para la instalación de salas de juicios orales en el proyecto de presupuesto 2015 que entregó al Congreso del Estado; sin embargo, “desafortunadamente fue retirado y no tenemos presupuesto, vamos teniendo y vamos haciendo lo que podemos hacer con los recursos que vamos teniendo”.

Explicó que el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz tenía 18 ó 19 juicios de salas orales, que son más pequeñas, “pero son funcionales, entonces en tanto eso suceda vamos a seguir funcionando con ellas.

A partir de las limitaciones, el magistrado Sosa Hernández reconoció que se trata de un reto “muy, muy complicado” porque es un cambio radical al sistema de justicia, que exige la capacitación de todos los involucrados, desde los policías estatales, los fiscales, jueces, defensoría pública y los justiciables.